El juzgado de instrucción número 17 de Madrid está investigando una denuncia de la sección de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid y del Ministerio de Trabajo contra la organización de autónomos Uatae y la patronal catalana Pimec por los presuntos delitos de fraude en subvenciones y falsedad documental.
Según el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, en septiembre de 2023 incoó diligencias de investigación sobre ambas organizaciones tras poner en conocimiento la Dirección General del Trabajo Autónomo, dependiente del Ministerio de Yolanda Díaz, «hechos que pudieran ser constitutivos» de un delito de fraude en subvenciones y de un delito de falsedad documental.
Los investigados son Uatae y Pimec y sus secretarios generales, María José Landaburu y Josep Ginesta, respectivamente, y la denuncia se sustenta, según el escrito, en la actuación realizada por el órgano gestor de Uatae en relación a las subvenciones concedidas por la Dirección General del Trabajo Autónomo en diciembre de 2021.
«Del relato de hechos y documentación aportada en el escrito hecho llegar a la Fiscalía se llega a la indiciaria conclusión de que los denunciados, en el marco de la subvención concedida, llevaron a cabo, concertadamente, la realización de distintos actos fraudulentos dirigidos a obtener indebidamente un importe superior al que legalmente les correspondía», subraya la Fiscalía.
La subvención concedida a Uatae fue de 266.123,1 euros y en sus bases se estipulaba que los beneficiarios de la misma tenían que ser asociaciones profesionales de trabajadores autónomos de ámbito estatal de carácter intersectorial inscritas en el Registro Estatal de Asociaciones Profesionales de Personas Trabajadoras Autónomas (REAPTA).
Asimismo, las bases determinaban que, a la hora de fijar el importe de la subvención, se tendrían en cuenta las plantillas de trabajadores que integraban dichas asociaciones, exigiendo, respecto de las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos asociadas de las comunidades autónomas, que figurasen inscritas en el registro autonómico de asociaciones profesionales de trabajadores autónomos, salvo que no estuviera constituido.
Según la Fiscalía, la documentación aportada por Uatae por medio de Landaburu para obtener la subvención incorporaba un certificado que daba cuenta de que Pimec estaba inscrita en el registro de asociaciones autónomos de Cataluña, «cuando dicho extremo no es cierto».
Valiéndose de la documentación presentada por Uatae, el Ministerio de Trabajo tuvo en cuenta para la subvención a la plantilla de Pimec, por lo que la ayuda total ascendió a 266.123 euros.
La organización de autónomos ATA, que también se benefició de una subvención, presentó un escrito en mayo de 2023 ante la Dirección General del Trabajo Autónomo comunicando «la posible existencia de irregularidades» en la subvención concedida a Uatae.
La Dirección General de Trabajo Autónomo se comunicó con la Generalitat de Cataluña para obtener información sobre el certificado de Pimec aportado por Uatae en el expediente de su subvención, recibiendo como respuesta que tal certificado no había sido expedido por parte de su Dirección General de Relaciones Laborales de Trabajo Autónomo, Seguridad y Salud Laboral.
De no haberse incorporado «irregularmente» la plantilla de la entidad Pimec al expediente de la subvención de Uatae, el importe de la ayuda concedida habría sido de 133.211,8 euros.
Con independencia de otras diligencias que pueda acordar el juez instructor de esta denuncia, la Fiscalía de Madrid pide tomar declaración, en concepto de investigado, a María José Landaburu y a Josep Ginesta en su condición de secretarios generales de Uatae y Pimec, respectivamente. Pide, además, que se cite como testigo al presidente de ATA, Lorenzo Amor.