La Asociación Nacional Grandes de Empresas de Distribución (Anged), que engloba a empresas como El Corte Inglés, Carrefour o Ikea, ha incidido este miércoles en que supermercados e hipermercados aplican correctamente la reducción del IVA a los precios, según ha informado en declaraciones a Europa Press.
La patronal se ha pronunciado tras el anuncio del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que ha comunicado que ha pedido información a los principales operadores de distribución minorista de ámbito nacional para investigar si se están trasladando correctamente al consumidor final la bajada del IVA a determinados alimentos, como el aceite de oliva o las frutas y verduras.
Ante esta situación, Anged ha comentado que «es un asunto que ya ha analizado en detalle e informado públicamente el Banco de España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Ministerio de Economía, y los tres han coincidido en que se aplicó correctamente».
Esta acción del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se ha realizado a través de la Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador, perteneciente a la Dirección General de Consumo e integrada dentro del Departamento que dirige Pablo Bustinduy.
La reducción del IVA a determinados alimentos, como el aceite de oliva o frutas y verduras, fue una medida del Gobierno en el marco del escudo social para hacer frente al alza de los precios provocados por la invasión rusa en Ucrania.
Consumo ha explicado que el inicio de esta investigación tiene su origen en la recepción por parte de esta unidad de diversas denuncias de asociaciones de consumidores y usuarios en las que se trasladaba información sobre posibles incrementos en los márgenes de beneficios dentro de la distribución minorista en el último año, principalmente en alimentos como las frutas y verduras o el aceite de oliva.
AGRAVANTES CRISIS DE COSTES
La crisis de costes del sector se ha visto «agravada», según Anged, por varios factores, entre los que destacan el aumento de la presión fiscal, las nuevas inversiones en materia ambiental y los nuevos costes de gestión.
En concreto, el incremento de la presión fiscal se ve reflejado en un nuevo impuesto al plástico, así como en la subida de impuestos de los gases para la refrigeración de alimentos, el aumento de las cotizaciones sociales, los recargos en el IVA de bebidas azucaradas y el impuesto de grandes establecimientos comerciales en cinco comunidades autónomas.
A esto se suman las inversiones en cuanto al medio ambiente, materializadas por ejemplo en las obligaciones de reutilización de envases y servicio de retorno, la reserva del 20% de la tienda para la venta a granel o los objetivos de prevención de envases «más exigentes» que la Directiva Europea.
Por último, estarían los nuevos costes de gestión y, entre ellos, se encuentran la inscripción y el registro de envases, los etiquetados desarmonizados con la Unión Europea (UE) o la aplicación de las lenguas cooficiales.