S&P ha decidido rebajar la perspectiva crediticia de Ecuador de estable a negativa, aunque ha optado por mantener la calificación del país en ‘B-‘, atendiendo a un deterioro del desempeño fiscal en medio de la creciente violencia que asola al país.
Según ha explicado la agencia crediticia, la capacidad del Gobierno para implementar políticas correctivas probablemente se verá limitada por su corto mandato y por la necesidad de abordar la creciente violencia.
El mandato de corto plazo del presidente y los legisladores, ambos elegidos para finalizar el mandato 2021-2025, podría limitar el deseo político y la capacidad de implementar reformas estructurales. Además, el empeoramiento de la seguridad pública podría limitar la eficacia de la gobernanza y la capacidad de la administración para revertir el reciente deterioro fiscal.
El presidente declaró el estado de emergencia el 9 de enero, tras la rápida escalada del conflicto de seguridad y la guerra de pandillas en los últimos días. La emergencia podría aumentar la aceptación pública de decisiones económicas difíciles en el corto plazo. Sin embargo, aún no se han visto todas las repercusiones del problema de seguridad en la economía y en la formulación de políticas futuras.
La perspectiva negativa indica que hay al menos una posibilidad entre tres de una rebaja en los próximos 12 a 18 meses si el Gobierno no logra abordar la erosión fiscal y restaurar la confianza de los inversores.
En este sentido, S&P ha aclarado que podría bajar las calificaciones en los próximos si percibe un debilitamiento de la capacidad del gobierno para evitar una mayor ampliación de los desequilibrios fiscales más allá de sus expectativas o si el apoyo de los acreedores multilaterales y bilaterales es más limitado de lo esperado.
«Como el acceso a los mercados internacionales aún es incierto, mayores déficits fiscales pueden aumentar la dependencia de la deuda a corto plazo, elevando el riesgo de refinanciación», ha sostenido.