La primera sesión plenaria del Congreso del 2024 debatirá y votará el próximo miércoles, 10 de enero, los decretos para la reforma del subsidio de desempleo y de las medidas para afrontar las consecuencias de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo.
Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, este Pleno extraordinario –enero es un mes inhábil a efectos parlamentarios– va a celebrarse en la sede del Senado, puesto que el hemiciclo del Congreso estará en obras durante todo el mes de enero por la instalación de nuevas pantallas táctiles en los escaños.
Los dos decretos ya han entrado en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y es ahora el Congreso el que tiene que o bien convalidarlos o derogarlos.
EL SUBSIDIO DE DESEMPLEO, PENDIENTE DESDE 2022
En lo que respecta a la reforma de subsidio por desempleo, estaba prevista para finales de 2022 y es necesaria para que España acceda al cuarto desembolso de los fondos europeos por importe de 10.000 millones de euros.
El decreto introduce nuevos colectivos que pueden percibir el subsidio por desempleo, que es la ayuda destinada a las personas que han agotado o que no tienen derecho a la prestación contributiva de paro.
Dichos colectivos son los menores de 45 años sin cargas familiares que han agotado al menos 12 meses de prestación contributiva, los eventuales agrarios residentes fuera de Andalucía y Extremadura y los trabajadores transfronterizos de Ceuta y Melilla. Para ajustar las cuentas se suprimen, al mismo tiempo, la Renta Activa de Inserción (RAI), el subsidio extraordinario por desempleo (SED) y los subsidios de liberados de prisión, emigrantes retornados y revisión de invalidez.
AUMENTO DEL GASTO EN 648 MILLONES
Pero la norma, que entrará en vigor con carácter general el 1 de junio de 2024, reforma el subsidio para las personas en paro, que será de mayor cuantía durante el primer año de percepción, compatible con un empleo durante los 180 primeros días sin pérdida de prestación, e irá ligado a la suscripción de un acuerdo de actividad por parte de sus beneficiarios.
En concreto, la reforma eleva el subsidio, actualmente de 480 euros o el 80% del Iprem, a 570 euros durante los seis primeros meses (95% del Iprem) y a 540 euros mensuales en los seis siguientes (90% del Iprem). Después de ese año la ayuda se quedaría en 480 euros hasta su extinción con un tope de 30 meses, dependiendo de la edad, circunstancias familiares y de la duración de la prestación agotada.
En el caso de los mayores de 52 años, se mantiene la ayuda en el 80% del Iprem o 480 euros, pero la reforma rebajará progresivamente la base de cotización para la jubilación, que será del 120% en 2024; del 115% en 2025; del 110% en 2026 y del 105% en 2027. Si la ayuda fuera concedida antes del 1 de junio de 2024, la base de cotización seguirá siendo del 125%.
Todas estas modificaciones legislativas, según informó el Gobierno en la memoria económica del decreto ley, supondrá un aumento del gasto público de 648 millones de euros en su primer año de aplicación.
2.500 MILLONES MENOS CON LAS MEDIDAS ANTICRISIS
Por otra parte, la Cámara Baja deliberará el decreto ley por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía.
Con este paquete normativo, entre otros muchos puntos, se prorroga el IVA reducido en alimentos básicos, pastas y aceites y se modifica este mismo impuesto en las facturas de luz y gas natural, que pasan de un 5% a un 10%, frente al 21% original de antes de la crisis energéticas. También se incluye la gratuidad de los Cercanías y la rebaja del 50% en el transporte autonómico.
El Gobierno estima que las diferentes medidas fiscales suponen una pérdida recaudatoria de 2.499 millones de euros. El grueso de esa pérdida recaudatoria obedece a los tipos de IVA que se aplicarán sobre determinados suministros de electricidad y gas natural, en alimentos básicos, pastas y aceites y los límites para la aplicación del régimen especial simplificado y del régimen especial de agricultura, ganadería y pesca. En concreto, estima que el nuevo IVA sobre estos productos y servicios supondrá una merma recaudatoria de 1.892 millones de euros.
De su lado, la prórroga de la aplicación del IVA reducido de gravamen del 5% a los aceites comestibles y las pastas alimenticias durante el primer semestre de 2024 podría acarrear una pérdida recaudatoria de 110 millones de euros. La aplicación del 0% del IVA en el primer semestre de 2024 a los alimento básicos, una medida que también se prorroga, podría inducir, según los cálculos del Ejecutivo, una merma recaudatoria de 734 millones de euros.