La Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), la principal asociación gremial agropecuaria de Colombia, ha descartado poner sobre la mesa una cifra concreta de incremento del salario mínimo para contribuir a un acuerdo tripartito antes del próximo 30 de diciembre.
En una entrevista radiofónica, el presidente de la SAC, Jorge Bedoya, ha explicado que hablar de un porcentaje «no hace bien al proceso» si lo que se sigue intentando por parte de las tres partes implicadas (empresarios, sindicatos y Gobierno) es encontrar una posición común.
No obstante, Bedoya ha apuntado que la subida que se aplique en el salario mínimo para 2024 debería tener en cuenta que la inflación en Colombia al cierre del año será inferior al 10% y que las cifras de productividad se encuentran en negativo.
Por el momento, solo los sindicatos han compartido su apuesta de incremento del salario mínimo, que les gustaría que se elevara un 18%, hasta los 1,55 millones de pesos colombianos (358,43 euros). Por su parte, desde el Gobierno, creen que el incremento se situará entre el 9% y el 10%, nuevamente en línea con la inflación.
La cifra presentada por los sindicatos es demasiado elevada para instituciones como el Banco de la República (el banco central de Colombia). En concreto, la entidad apeló la semana pasada a la cautela en el ajuste del salario mínimo, de tal manera que su aumento no exceda de forma significativa la variación anual del índice de precios al consumidor en 2023.
Así, ante este llamamiento, la SAC ha pedido aprovechar para fijar una cifra que ayude al banco a seguir apostando por reducir los tipos de interés, lo que reactivará el consumo y permitirá rebajar el coste de los créditos.
«Es importante que se logre una concertación que dé una señal al
Banco de la Republica para que el 2024 sea el año de reducir el costo del crédito para los colombianos. Este, y el mantenimiento del ingreso de los trabajadores son los principales objetivos del acuerdo tripartito», ha defendido Bedoya.
Por el momento, las tres partes implicadas en las negociaciones de la mesa de concertación son partidarias del acuerdo, aunque no se descarta que, ante la demora, el Gobierno se vea obligado el próximo día 30 a fijar un incremento por decreto.