La dinámica de actividades económicas se encuentra en la actualidad sujeta a multitud de desafíos, tales como las disrupciones tecnológicas, las transformaciones de productos y servicios o el abordaje de la transición sostenible. Estas constantes tensiones también afectan a la propia regulación de los sectores e industrias, requiriendo aproximaciones novedosas para garantizar que la misma resulte adecuada, estable, predecible y eficaz.
No en vano, entre 1979 y 2021 se aprobaron más de 414.000 normas en España, y este proceso se ha acelerado en los últimos años, como demuestra el hecho de que solo en 2021 se diera el visto bueno a 13.000. Pero ¿una excesiva regulación podría lastrar la competitividad de la industria? ¿Existe una sobrerregulación que ralentiza el crecimiento de la economía en España? Y es que las empresas españolas consideran la regulación empresarial un obstáculo importante para su inversión a largo plazo, en comparación con la media europea (60% frente a más del doble en Europa en 2022). Por ello, en algunas ocasiones, ¿la legislación española puede estar chocando con la europea?
El pasado mes de noviembre, Forbes reunía en el Hotel Urso Madrid a un grupo de expertos para describir cuáles son las señas de identidad de una legislación inteligente, y trazar la hoja de ruta para conseguir dibujar un marco mucho más competitivo: María González, directora de Políticas Públicas y Regulación de Adigital; Fernando Acebrón, director de Asuntos Gubernamentales de Ford; Ana Ramos Gallarín, responsable de Asuntos Regulatorios y Fiscales de British American Tobacco (BAT) en España y Portugal; y Juan Espinosa, socio fundador de Silverback.
El objetivo de la mesa era el de discutir qué enfoques regulatorios resultan más apropiados para garantizar el adecuado equilibrio entre la protección del interés público, la innovación y la inversión en determinados contextos específicos; y cómo los principios de regulación inteligente pueden servir de ayuda a este respecto.
La encargada de moderar el debate de esta jornada fue la periodista Arancha Morales, que comenzaba preguntando: “¿cómo afecta esta regulación normativa a la actividad empresarial?”. María González exponía que el principal reto al que se enfrenta la administración pública es el de “ordenar toda la legislación y unificar los parámetros de España con los que se están marcando desde Europa”. “Solo así las empresas tendrán certidumbre sobre la legislación que impera en su ámbito” añadía la directora de Políticas Públicas y Regulación de Adigital. Fernando Acebrón se mostraba de acuerdo con tal aseveración, y puntualizaba que era necesaria “una base regulatoria común, que sea coherente e inteligente”.
La directiva de BAT remarcaba el desafío de hacer una buena regulación a todos los niveles: en Europa, a nivel central y a nivel autonómico. “Esto es sobre todo primordial para aquellos sectores que están en transformación, porque es ahí donde se necesita que la regulación esté basada en evidencia y en evaluación de políticas. Solo así podrá cumplir los objetivos de bienestar social, y no lastrará la innovación y la inversión”. Una afirmación a la que se sumaba el socio fundador de Silverback, el cual puntualizaba que la regulación no solo tiene objetivos, sino también efectos, que impactan en las empresas en términos de competitividad, de capacidad productiva, y de decisiones de inversión y de gestión.
Nuevo modelo legislativo
En este punto, los ponentes conversaron sobre el impacto económico que tiene una legislación poco efectiva en los resultados de las empresas. Ana Ramos indicaba que, si se redujera en un 30% esa carga administrativa, se ganaría un 2.2% del PIB de España a lo largo de 10 años. “Esto demuestra la importancia que tienen los retos regulatorios no solo para las grandes empresas, sino, sobre todo, para las pymes y los emprendedores”, añadía la directiva de BAT.
El directivo de Ford señalaba que la falta de una mirada transversal a la hora de elaborar la normativa no solo tiene consecuencias en la competitividad de una empresa, sino que marca su desarrollo futuro, a nivel de sostenibilidad, recursos, impacto social, derechos humanos… Por este motivo, es clave poner en marcha un buen cambio regulatorio que fomente la inversión industrial, el desarrollo tecnológico y la eliminación de barreras entre los mercados, y que permita llevar a cabo esa transformación que están protagonizando los diferentes sectores.
González ratificaba la importancia de establecer marcos normativos horizontales flexibles, a prueba de futuro, y de idear nuevas formas de ordenación y gobernanza, que ofrezcan la holgura necesaria para innovar a medida que se produzcan cambios: “El principal reto con el que nos encontramos ahora es el de implementar esas normas para que sean efectivas y cumplan los objetivos de la institución pública y de los de las empresas. Por ello, deben ser ágiles y fáciles de implantar”. Juan Espinosa señalaba, entonces, las primeras características de una regulación inteligente: que debe ser predecible y hacer mejores normas para evitar las marañas legislativas, que generan inseguridad jurídica.
Por su parte, Ramos Gallarín añadía: “La regulación debe tener un buen equilibrio entre el principio de innovación y precaución”. No en vano, todos los ponentes estaban convencidos de que una excesiva regulación, y la falta de una evaluación del impacto que tienen las diferentes normas, mina el desarrollo del tejido empresarial. Por este motivo, es tan importante, tal y como remarcaba la directiva de BAT, hacer evaluaciones periódicas, que permitan ajustar la normativa a la realidad. “Solo así se conseguirá que las empresas desarrollen nuevos modelos más allá de los tradicionales, que atiendan a la demanda social y sean sostenibles desde la perspectiva de salud, medioambiental, etc.”, subrayaba Ana Ramos.
Fernando Acebrón aprovechaba este punto para indicar que, en ocasiones, la norma no va a acompañada de los recursos necesarios para cumplirla, y que, por este motivo, es indispensable que las instituciones públicas regulen de forma conjunta con las empresas de cada sector. La directora de Políticas Políticas y Regulación de Adigital se mostraba en línea con tal aseveración: “Es necesario generar espacios de comunicación y colaboración público – privada para crear una legislación más dinámica y a prueba de futuro”.
Sobrelegislación
Pero, “¿existen sectores especialmente perjudicados por la sobrelegislación?”, interpelaba Arancha Morales a los participantes en esta charla organizada por Forbes. “Sí, los hay. Sobre todo, aquellos sectores que tengan un componente importante de innovación”, respondía el socio fundador de Silverback. “El reto está en prestar más atención a la autorregulación y corregulación, para que sea la propia industria la que presente la revisión de la norma”, indicaba González.
Asimismo, la moderadora exponía una nueva cuestión: ¿qué coste tiene la regulación excesiva? María González y Fernando Acebrón apuntaban que no se trataba tanto de un coste en los resultados de las empresas, sino en la pérdida de las oportunidades y de competitividad. “Europa tiene que ser consciente de que el tejido empresarial está cambiando, y que debe adoptar un papel de fomento. El regulador debe confiar más en las empresas”, indicaba el directivo de Ford.
“La sobrerregulación puede conllevar un alto coste. Es clave asegurar el cumplimiento de la normativa ya vigente antes de añadir nueva regulación a la existente”, observaba la responsable de Asuntos Regulatorios y Fiscales de BAT en Iberia. Y Espinosa destacaba el hecho de que es vital combinar los objetivos de la legislación con los de las empresas.
Innovación y competitividad
Para concluir la jornada, Morales pedía a los expertos que trazaran el mapa que lleve a una regulación más competitiva. “Una buena regulación pasa por ordenar e innovar en las reglas de juego. Debemos incentivar la colaboración público-privada”, de esta forma respondía María González. Mientras, Acebrón sostenía que “es primordial tener una visión y holística, que se adecue a los diferentes momentos de maduración de los sectores”.
La directiva de BAT ponía el acento en que “es clave una regulación basada en evidencia, así como una evaluación previa a la implementación de cualquier norma junto con una evaluación posterior, que ayuden a establecer la eficacia y eficiencia de la misma”. Y Juan Espinosa concluía que «una regulación inteligente es la que consigue su objetivo, sin romper el equilibrio que existe entre la sociedad y el ecosistema institucional».
