El Gobierno negoció con la Comisión Europea, en el marco de la adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, retrasar 2 hitos y 28 objetivos previstos en el calendario original para 2023, alegando en la mayoría de los casos razones externas para motivar su retraso como la disrupción de las cadenas de suministro o el incremento de costes por inflación.
Así se desprende de un informe elaborado por la consultora española LLYC, en el que analiza la reciente aprobación por parte de Bruselas de la adenda al Plan de Recuperación español.
Lo más relevante de esa aprobación, según la consultora, se encuentra en la flexibilidad demostrada por Bruselas respecto a varios programas clave, relacionados con el hidrógeno, la economía circular, el vehículo eléctrico y la descarbonización industrial.
De acuerdo con el texto de la Aaenda, el hito relevante de cara al calendario de desembolsos acordado con la Comisión será, en el caso de los proyectos financiados por convocatorias lideradas desde IDEA, Fundación Biodiversidad o ENISA, la concesión de la ayuda y no la finalización del proyecto.
Se ha acordado dar más margen para alargar más allá del año 2026 la culminación de algunos proyectos financiados con estos fondos, a través de las entidades públicas empresariales, como las anteriormente mencionadas.
Hasta ese año 2026, se habrán tenido que hacer las transferencias a esas entidades y las concesiones, pero no todos los proyectos tienen que haberse culminado completamente para esa fecha, fijada en un principio como límite de ejecución de los fondos.
España consigue así más plazo en convocatorias muy significativas sin estar sujeta a un eventual cambio de Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que requeriría, en su caso, aprobación de los 27 parlamentos nacionales.
También son destacables, según LLYC, la escasa ambición y ausencia de carácter estructural de las nuevas reformas incluidas en la Adenda. Se trata de reformas de continuidad, muchas de ellas ya en marcha, que no implicarán grandes dificultades para su aprobación en el caso de un escenario de continuidad del actual gobierno.
«La adenda, por tanto, no servirá para profundizar en reformas de calado, como podría ser la del funcionamiento de la Administración Pública o la mejora de las condiciones de competencia en diversos sectores del mercado en España», han apuntado desde la consultora.
UN ACIERTO DESTINAR TRANSFERENCIAS A REFORZAR PERTES
En su opinión es un acierto destinar los fondos no reembolsables a reforzar los Perte, el instrumento creado ex-novo en el contexto del Plan de Recuperación y que permite proyectos con un mayor volumen de inversión, con objetivos estratégicos definidos.
Sin embargo, deberían simplificarse las condiciones de acceso a estos proyectos, de forma que se incentive la presentación de propuestas, pues ya hemos visto algunas convocatorias que no han adjudicado la totalidad de sus fondos bien por falta de concurrencia, bien por una excesiva complejidad del procedimiento y de los requisitos, que han conducido a dejar fuera a un importante número de solicitudes.
Del mismo modo, la reforma del Marco Temporal de Ayudas de Estado puede facilitar la notificación de un mayor número de proyectos a fin de incrementar las dotaciones de las convocatorias, particularmente en proyectos relacionados con el desarrollo y explotación de energías renovables y almacenamiento energético, la descarbonización de procesos industriales y la producción de tecnologías estratégicas para las cero emisiones.
SISTEMAS DE CONTROL Y AUDITORÍA
Por otra parte, en relación a los mecanismos de gobernanza del uso de instrumentos financieros, la adenda se limita a indicar que España debe aprobar un mecanismo regulatorio que contenga la descripción de los sistemas de control a cargo del socio implementador o, en su caso, de los intermediarios financieros, para dar cuenta de la inversión movilizada (una provisión que no se aplicará al BEI).
El texto de la adenda especifica que los requisitos de auditoría y control han de asegurar la prevención, detección y corrección del fraude, corrupción y conflicto de interés, así como la verificación de la elegibilidad de cada operación antes de comprometer la financiación y la implementación de auditorías de riesgo ex-post de acuerdo con un plan de auditoría.
«Vemos así que se deja en manos del Gobierno de España la fijación de las fórmulas que establezcan la capacidad concreta que tendrá el sector financiero para decidir sobre los proyectos a apoyar, limitándose la Comisión a enunciar unos principios generales a seguir», han apuntado desde la consultora.