El auge de Airbnb y otras plataformas de alquiler a corto plazo ha revolucionado el sector de los viajes y la hostelería, ofreciendo a los viajeros alojamientos únicos y a los propietarios de viviendas la oportunidad de rentabilizar sus propiedades. Sin embargo, el crecimiento exponencial de los alquileres a corto plazo ha suscitado preocupación en muchas ciudades de todo el mundo.
El impacto en la disponibilidad de viviendas, la dinámica de la comunidad y el cumplimiento de la normativa ha llevado a los gobiernos locales a aplicar medidas para limitar y regular estas plataformas. Así, en su estudio Revitur, la organización Exeltur considera “descontrolado y desbordado” el crecimiento del uso de viviendas residenciales para usos turísticos en España.
Ante esta situación, han aumentado las normativas que afectan a las plataformas de alquiler a corto plazo. Recientemente, Airbnb ha demandado a Nueva York por una medida que entra en vigor en julio y que la empresa considera una prohibición de facto contra los alquileres a corto plazo en la ciudad.
Estas son algunas medidas que se han impuesto en varias ciudades del mundo que limitan la actividad de Airbnb y otras plataformas. Ante esta situación, han aumentado las normativas que afectan a las plataformas de alquiler a corto plazo. Recientemente, Airbnb ha demandado a Nueva York por una medida que entra en vigor en julio y que la empresa considera una prohibición de facto contra los alquileres a corto plazo en la ciudad.
Nueva York, Estados Unidos
El Ayuntamiento de Nueva York aprobó la ley el 9 de enero de 2022. Esta normativa, conocida como Ley Local 18, obligará a los anfitriones de alquileres a corto plazo a registrarse y prohíbe a los llamados «servicios de reserva», como Airbnb, procesar transacciones de listados no registrados. Esta ley ordena además a la oficina del alcalde que tenga que crear una lista de edificios que no pueden ponerse a disposición de las plataformas de alquiler a corto plazo.
París, Francia
París introdujo una estricta normativa en 2018 para limitar los alquileres a corto plazo. Los anfitriones deben obtener un número de registro del ayuntamiento y pueden alquilar su residencia principal un máximo de 120 noches al año. Los anfitriones que no cumplan la normativa se enfrentan a fuertes multas, y Airbnb está obligada a eliminar de su plataforma los listados que no tengan número de registro.
Berlín, Alemania
En 2014, Berlín promulgó una ley que prohíbe el alquiler comercial de apartamentos enteros sin un permiso especial. Esta medida se aplicó para hacer frente a la escasez de vivienda en la ciudad y evitar que los propietarios convirtieran propiedades residenciales en lucrativos alquileres a corto plazo. La prohibición se enfrentó a recursos judiciales, pero finalmente fue confirmada por los tribunales alemanes.
Barcelona, España
Barcelona introdujo una normativa en 2014 para restringir el número de alojamientos turísticos en la ciudad. Los alquileres de corta duración solo están permitidos en zonas específicas, y los anfitriones deben obtener una licencia del ayuntamiento. La normativa también impone multas a plataformas como Airbnb por anunciar alquileres sin licencia.
San Francisco, Estados Unidos
San Francisco exige a los anfitriones que registren sus alquileres a corto plazo en la ciudad y obtengan una licencia comercial. En 2018, implementó un tope en el número de noches que una propiedad puede ser alquilada por año, limitándolo a noventa. Además, las plataformas como Airbnb están obligadas a compartir datos sobre los listados y la actividad de alquiler con la ciudad para garantizar el cumplimiento.
Ámsterdam, Países Bajos
Ámsterdam ha implementado regulaciones estrictas para combatir los efectos negativos de los alquileres a corto plazo en el mercado de la vivienda y la dinámica del vecindario. Desde 2019, los anfitriones solo pueden alquilar sus residencias principales por un máximo de treinta noches al año a un máximo de cuatro personas. También están obligados a obtener un permiso del ayuntamiento.
Nueva Orleans, Estados Unidos
Nueva Orleans implantó una normativa en 2017 para gestionar el impacto de los alquileres a corto plazo en sus singulares barrios. Los anfitriones están obligados a obtener permisos, y el número de permisos expedidos está limitado en determinadas zonas. Además, los anfitriones están sujetos a requisitos específicos de seguridad y publicidad, y las plataformas deben comunicar periódicamente los datos de alquiler a la ciudad.
