En los dos últimos años, grandes cantidades de inversión y títulos de deuda exitosos como los bonos verdes han irrumpido en la guerra contra el cambio climático haciendo posibles miles de proyectos sostenibles orientados a la reducción de las emisiones en todo el mundo. El dinero se canaliza, principalmente, a través de fondos de inversión y capital riesgo y a través de bonos y préstamos verdes.
Los mercados financieros, en los que los fondos de inversión jugaron un papel protagonista, sembraron más de 6.000 millones de euros el año pasado en proyectos ligados a la sostenibilidad según un informe de la Escuela de Fráncfort que cuenta con el aval de Naciones Unidas y Bloomberg. El 90% de la inversión se la repartieron la energía eólica (más de 4.000 millones) y la fotovoltaica (más de 1.500 millones).
La mayoría de los fondos de inversión verdes que se comercializan en España están gestionados por firmas extranjeras. Una de las excepciones en nuestro país es novedosa: hablamos del fondo Caja Ingenieros Environment ISR, que se estrenó en marzo en el mercado y cuyos activos gestionados, según fuentes de la compañía, rondan los 16 millones de euros. Joan Cavallé, director general de la Caja, asegura que todo se destina “exclusivamente a compañías que tienen en cuenta su impacto medioambiental, son líderes en la lucha contra el cambio climático o apuestan por nuevas prácticas de reducción de consumo de energía”.
Los dos criterios que tienen en cuenta para poner el dinero, sigue Cavallé, son la rentabilidad de la inversión a un plazo y, gracias a una colaboración con Sustainanalytics, el “desempeño en aspectos ambientales, sociales y de gobierno” así como las incidencias y controversias ambientales en las que se vean inmersas.
El capital riesgo verde, que invirtió mundialmente más de 3.000 millones de euros en 2016 y se canalizó sobre todo a la energía solar, también está llegando a España. Dentro de esta nueva ola, muy incipiente, destaca Bankinter, que registró su fondo de capital riesgo en la CNMV en marzo. Se llama Helia Renovables, nació con alrededor de 250 millones de euros en el balance y lo administra Plenium, un grupo especializado en gestión de activos de renovables y socio de FCC. Ya han hecho los primeros movimientos para adquirir compañías fotovoltaicas.
La siguiente parada en este nuevo capítulo con forma de lluvia de dinero para la lucha contra el cambio climático son los bonos verdes (BV), unos títulos de deuda que emiten empresas y administraciones para financiar sus proyectos sostenibles. Amundi, vinculada con Crédit Agricole, es la mayor gestora europea por volumen de activos y la novena del mundo. Ellos administran unos 2.600 millones de euros en bonos verdes.
Estrategias de transición
Alban de Faÿ, gestor de Carteras de Crédito y director de Procesos de ISR de Renta Fija de Amundi, identifica sus dos grandes formas de abordar la transición hacia una economía basada en las renovables. La primera, según de Faÿ, es hacerlo con diversos instrumentos de financiación, como los bonos convencionales, que contribuyan a esa transición y que afecten a cuestiones como las energías renovables, el agua, el control de la polución o los recursos naturales. La segunda, sigue el gestor, es centrarse en los BV que ofrecen un impacto medioambiental cuantificable, que se mide calculando las emisiones de CO2 evitadas por cada euro invertido. Dan prioridad a las renovables y la eficiencia energética.
El mercado mundial de los bonos verdes se está aproximando a los 200.000 millones de euros según Climate Bonds Initiative (CBI). Desde 2016, España ha empezado a posicionarse en este mercado y lo ha hecho en gran medida gracias a emisiones de empresas de energía como Repsol o Iberdrola y de administraciones como la Comunidad de Madrid. BBVA, la entidad financiera que lidera este segmento, ha participado en muchas de las emisiones.
Según la CBI, Iberdrola emitió el año pasado más de 2.100 millones de euros en BV destinados a reducir sus emisiones a la mitad en 2030. En mayo, Repsol se convirtió, según la propia compañía, en la primera empresa de hidrocarburos en hacer lo mismo y con un importe de 500 millones La Comunidad de Madrid es una de las regiones europeas pioneras en la emisión no sólo de bonos verdes sino también sostenibles, que incluyen otras categorías como la sanidad y la educación.
Jesús Vidart, director general de Contratación, Patrimonio y Tesorería de la Comunidad de Madrid, apunta que ellos comercializaron 700 millones de euros en bonos sostenibles en abril y que están abriendo “otras vías de financiación sostenible como los préstamos bilaterales con las entidades financieras”. ¿Un ejemplo? Han cerrado un préstamo de 240 millones para proyectos sostenibles.
Ángel Tejada, del equipo de DCM syndication de BBVA, recuerda que han ‘colocado’ en el mercado “bonos verdes y sociales por un importe de 4.300 millones de euros en lo que llevamos de año y 5.350 millones en 2016”. Más allá de conformarse con el liderazgo de este segmento, Emilio López, head of Corporate Loans Iberia de BBVA, señala que la entidad ha concedido el mayor préstamo verde mundial a Iberdrola (500 millones de euros) y un considerable préstamo verde bilateral a Acciona (100 millones de euros). También han liderado el primer préstamo sindicado verde para el Grupo Tradebe Medio Ambiente por un importe de 265 millones de euros.
La financiación de los proyectos sostenibles y verdes todavía es un fenómeno incipiente y quedan por establecer, en muchos casos, estándares internacionales sobre lo que es exactamente verde, social o sostenible. Dicho esto, también es cierto que es un mercado que contribuye claramente a crear incentivos para que las empresas y las administraciones reduzcan sus emisiones y a abrir nuevas vías para que los inversores se comprometan con el planeta. Son miles de millones que nos aproximan un poco más a la solución del mayor desafío de nuestro tiempo: el calentamiento global.