Facua Andalucía ha elevado instancias a la Consejería de Salud y Consumo y a la de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural para reclamar que, en coordinación con el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), faciliten información «útil» a los consumidores relacionada con el entramado que comercializaba «falsos jamones de pata negra y productos ibéricos» almacenados en la provincia de Sevilla sin controles y registros sanitarios.
En un comunicado, la asociación ha informado de que ha instado a las autoridades autonómicas a que, con independencia de las actuaciones judiciales que se encuentren abiertas en estos momentos, faciliten información que permita a los consumidores identificar si han adquirido alguno de los productos «supuestamente ibéricos» interceptados por la Guardia Civil en un almacén.
Así, Facua Andalucía ha solicitado detalles sobre la marca o las marcas involucradas con esta trama, proveedores, números de lote si los hubiera, establecimientos donde estuvieron a la venta, así como cualquier otra información de servicio que permita a la ciudadanía conocer si han adquirido, y deben evitar consumir, alguna de estas falsas paletas, jamones y chacinas ibéricas que carecían de los preceptivos controles y registros sanitarios.
«CONDICIONES DEPLORABLES»
Según ha remarcado la organización, en una nave los responsables falsificaban certificados y documentación para dar salida en el mercado, a precios altos, a los productos derivados del cerdo «supuestamente de una calidad superior o pata negra» que, tal y como verificaron los agentes durante la inspección, se trataba de un «engaño para obtener una mayor rentabilidad».
Además, según Facua el entramado «ha puesto en riesgo la salud pública». La asociación ha recordado que, el Seprona, en la inspección, destapó las condiciones «deplorables» de los alimentos intervenidos en este almacén de la provincia de Sevilla con «gusanos» y «totalmente cubiertos de moho».
A esto, ha añadido la asociación, se une que los agentes verificaron la falta de registro de entrada y de salida de los productos, así como de control en la trazabilidad o las modificaciones que realizaban a las etiquetas de los lotes de 2019, a los que habían puesto 2030 como fecha de consumo preferente para darles salida en el mercado.
Asimismo, la organización ha informado de que el entramado seguía un esquema según el cuál realizaban el fraude con los productos alimenticios abriendo una nave y empezando a trabajar en ella hasta que se producía una inspección de sanidad, solicitaban unos días de margen para recopilar la documentación, y a la vuelta de los inspectores ya se habían marchado a otro lugar, donde reproducían el mismo procedimiento una y otra vez.
El empresario que ha llevado a cabo estas prácticas se enfrenta posibles delitos contra la propiedad industrial, estafa, contra la salud pública y falsedad documental.
El entramado cuenta con ramificaciones en las provincias de Cáceres, Valencia, Salamanca y Madrid, según Facua, con empresas que serían víctimas del fraude o que están siendo investigadas como cómplices.