El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha comenzado este viernes a negociar con los sindicatos la oferta de empleo público para 2023, que previsiblemente se aprobará en Consejo de Ministros «en los próximos días», según avanzan fuentes sindicales.
El Departamento que dirige María Jesús Montero ha trasladado este viernes a los sindicatos en una reunión un documento con los diez criterios que pretende que rijan la oferta de empleo público y que giran en torno a la generación de empleo público, garantía de promoción interna, estabilización del empleo temporal, empleo inclusivo, digitalización y atención a la ciudadanía, refuerzo del ámbito de justicia, refuerzo de la administración local, presencia suficiente de personal laboral, territorialización de plazas de administración local y agilización y mejora de procesos selectivos.
El sindicato Comisiones Obreras ha criticado tras el encuentro no haber recibido el documento hasta la propia reunión, mientras que la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha asegurado que trabajará sobre el mismo para concretar una oferta de empleo público que contribuya a la creación de empleo neto y al rejuvenecimiento de plantillas y que permita reforzar la atención a la ciudadanía.
CSIF ha asegurado que va a trabajar estos días para concretar las cifras y adecuarlas a las necesidades de la administración y para que la oferta responda a las expectativas generadas. Para ello, reclaman que se contabilicen todas las bajas producidas en el último año y se planifiquen las necesidades de cada ámbito.
Además, exigen que se dé cumplimiento a acuerdos pendientes de la oferta de empleo público del año pasado como el de promoción interna o la convocatoria de plazas correspondientes a 2020 y 2021 –en torno a 6.000 plazas entre personal laboral y funcionario–.
De su lado, CCOO ha insistido en la necesidad de un diagnóstico y de la identificación del problema global de plantilla, y que dentro de las medidas urgentes debe procederse a la incorporación inmediata de un volumen adicional de empleo. Y señala como urgente la necesidad de disponer de datos efectivos con los que poder trabajar, relativos a las bajas del período anterior desagregadas por sexo.
«Sin embargo, la Administración remite a futuras reuniones, sin comprometerse siquiera a facilitar esta información en la reunión prevista para el lunes día 10», han denunciado.
CCOO ha recodado que la OEP debía haberse publicado en el primer semestre de 2023. «Este retraso no puede justificar que se plantee una imposición atropellada», han criticado.