El Tribunal de Cuentas ha certificado que el Gobierno, con su plan de la mejora de la competitividad turística tras la crisis sanitaria del coronavirus, «no ha conseguido paliar los efectos adversos de la pandemia como se pretendía» al no haber implementado las medidas «en forma y plazo».
Con motivo de la pandemia, el Ejecutivo presentó en julio de 2020 el Plan del Impulso del Sector Turístico, con un presupuesto de 4.262 millones de euros. Dentro de este Plan, había cinco pilares, entre los que se encontraba la ‘Mejora de la competitividad del Destino Turístico’, vinculado a cinco medidas concretas a las que estaba previsto destinar un total de 859 millones.
En un informe de fiscalización de este plan, recogido por Europa Press, el Tribunal de Cuentas ha señalado que, con carácter general, la mayoría de las medidas de este pilar relacionado con la mejora competitiva «no han sido implementadas en forma y plazo».
Tras terminar su análisis, el organismo ha concluido que la actuación de la Secretaría de Estado de Turismo «no ha sido eficaz» para desarrollar las medidas previstas en cantidad, calidad y tiempo destinadas a la mejora de la competitividad turística y, en consecuencia, no ha conseguido paliar los efectos adversos de la pandemia en este sector como se pretendía.
FALTA DE CONVOCATORIAS ANUALES
En primer lugar, el informe concluye que el instrumento con más presupuesto de los analizados fue el Fondo Financiero del Estado para la Competitividad Turística (FOCIT), dotado con 515 millones de euros que se destinarían a conceder préstamos a entidades y empresas turísticas. No obstante, el Tribunal de Cuentas ha certificado que este fondo ha estado inactivo hasta, al menos, 2021, dado que no se han concedido nuevos préstamos con cargo a él.
Los motivos que explican esta no concesión de préstamos se debe principalmente a no haber realizado convocatorias anuales y a las «dificultades para disponer de un reglamento regulador en el momento en el que debían ponerse en marcha estas medidas».
Otra de las medidas previstas fue la línea de préstamos para la financiación de proyectos de digitalización, innovación, e internacionalización del sector turístico, dotada con hasta 216 millones de euros en préstamos, con un tipo de interés bonificado y amplios plazos para su devolución. Sin embargo, el órgano apunta que esta línea «no tuvo los efectos previstos» por la dificultad de gestión.
LAS AYUDAS A ENTIDADES LOCALES, LAS ÚNICAS QUE FUNCIONARON
En la otra cara de la moneda, el Tribunal de Cuentas señala que la única medida que tuvo «plena acogida» fueron las ayudas dirigidas a las entidades locales, con un presupuesto de 53 millones de euros, de las que resultaron beneficiadas 76 ayuntamientos.
Por último, el informe señala que, para reforzar la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, creada en 2019 con la misión de impulsar la colaboración público-privada en el desarrollo de productos, servicios y actuaciones, el Plan proyectó 75 millones de euros que emplearía la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, debiéndose reforzar los mecanismos de seguimiento desde los órganos del ministerio.
Sobre esta Red el Tribunal de Cuentas dice que «se desconoce» qué parte de créditos específicamente se han realizado, dado que no se ha establecido un mecanismo de seguimiento determinado de la aplicación de esta partida por parte de la Secretaría de Turismo.
En cuanto al funcionamiento general de la Red de Destinos Turísticos, el control se ejerce en el seno de dos tipos de Comisiones de la Red, pero entre sus funciones, tampoco están la de comprobar cuáles han sido los fondos destinados para financiar la citada medida.
En cualquier caso, el Tribunal de Cuentas reconoce que el número de miembros adheridos a la Red DTI se ha incrementado considerablemente en el periodo 2020-2022, lo que «evidencia el fortalecimiento de esta».