La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ha confirmado que exigirá al próximo Gobierno recuperar todas las enmiendas relacionadas con el organismo que estaban incluidas en la Autoridad del Cliente Financiero, un proyecto de ley que decayó en el Senado por el adelanto de elecciones y la consiguiente disolución de las Cortes.
En una intervención en unas jornadas organizadas por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), Fernández ha apuntado que entre estas enmiendas se encontraba la modificación de la Ley de Defensa de la Competencia para poder ampliar hasta un máximo de 50 millones y un mínimo de un millón de euros las multas a empresas que participen en un cártel. Aquí también se incrementaba de 60.000 a 400.000 euros la multa a los directivos participantes.
Fernández ha enfatizado en la necesidad de recuperar otra enmienda, también incluida en la Autoridad del Cliente Financiero, que permitía al organismo conseguir una mayor independencia en la gestión de sus puestos de mayor responsabilidad, de modo que estos puedan ser asumidos por trabajadores del organismo y no solo por funcionarios del subgrupo A1.
El Gobierno aprovechó la tramitación de esta norma para complacer algunas de las demandas que el organismo reclamaba desde hace años. Este es el caso de la ampliación del plazo general del procedimiento sancionador de 18 a 24 meses, mientras que el plazo de la segunda fase de control de concentraciones pasa de 2 a 3 meses.
Sin embargo, el adelanto de elecciones generales supuso la disolución de las Cortes Generales, lo que hizo que el proyecto de ley para la creación del nuevo organismo financiero muriera en el Senado. «Cuando haya un Gobierno formado voy a recuperar esas enmiendas, porque es el culmen y resolución de problemas de gestión interna de la casa», ha apostillado.
Durante su intervención, la presidenta de la CNMC también ha aprovechado para recordar y celebrar el décimo aniversario del organismo regulador en 2023, así como de la primera Ley de Competencia de España, que cumple 60 años.