Berkeley Energia ha decidido llevar su ‘batalla’ con el Gobierno a los tribunales españoles, tras la situación de ‘vía muerta’ en la que se encuentra su proyecto de la mina de uranio de Retortillo (Salamanca).
En concreto, la compañía ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de desestimar la autorización de construcción de la planta de concentrado de uranio como instalación radiactiva (NSC II) en Salamanca, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La desestimación por parte del Ministerio del recurso contencioso-administrativo del grupo australiano daba por concluido el procedimiento administrativo pero, de acuerdo con la legislación española, Berkeley ha presentado ahora su recurso contencioso-administrativo-recurso ante los Tribunales españoles para «seguir defendiendo su posición», señaló.
La compañía estimó que el Ministerio ha desestimado la solicitud del ‘NSC II’ y el recurso administrativo «sin seguir el procedimiento legalmente establecido», incluyendo tener en cuenta los distintos ‘Informes de Mejora’ que complementaron la solicitud inicial de la autorización, «lo que implica que el rechazo no es legal», consideró.
Berkeley señaló que su objetivo «es resolver la actual situación de permisos y, en última instancia, hacer avanzar el proyecto de Salamanca hacia la producción, aunque advirtió de que «continuará defendiendo firmemente su posición y tomando todas las medidas necesarias para preservar sus derechos».
La firma indicó que la interposición del recurso contencioso-administrativo «es necesaria para preservar los derechos» de su filial Berkeley Minera España y reiteró que «está preparada para colaborar con las autoridades pertinentes y mantiene la esperanza de que la situación de los permisos pueda resolverse de manera amistosa».
El pasado mes de febrero, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico desestimó el recurso administrativo interpuesto por Berkeley contra la desestimación por parte de este mismo departamento de la autorización de construcción de la planta de concentrado de uranio como instalación radiactiva en el proyecto de Salamanca.
El gabinete dirigido por Teresa Ribera ya había rechazado en noviembre de 2021 el proyecto ‘NSC II’ tras recibir un informe desfavorable para la concesión emitido por la Junta del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en julio de 2021.
POSIBLE ARBITRAJE.
A finales del año pasado, Berkeley Energia ya abrió la puerta a presentar un arbitraje contra el Gobierno de España por la situación de bloqueo en la que se encuentra su proyecto.
En concreto, la compañía australiana presentó una notificación por escrito de una disputa de inversión al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.