Gobierno y agentes sociales volverán a reunirse mañana, a las 16.30 horas, para tratar los temas pendientes de la segunda fase de la reforma de pensiones tras la propuesta que les presentó el pasado viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con el aval de la Comisión Europea y de Unidas Podemos.
Los sindicatos ya avanzaron, tras la reunión del viernes, que su valoración general de la propuesta del Gobierno era positiva, aunque esperaban más ambición en otros aspectos. Por contra, CEOE, Cepyme y ATA expresaron su oposición «frontal» a la reforma planteada por el Ejecutivo, lo que aleja la posibilidad de que la reforma salga adelante con el beneplácito empresarial y sólo cuente con el de CCOO y UGT.
La Seguridad Social se comprometió a «enviar números» a los agentes sociales para que pudieran analizar las fórmulas de sostenibilidad del sistema durante este fin de semana.
En todo caso, los secretarios generales de ambos sindicatos dejaron entrever la posibilidad de un acuerdo inminente. Así, el líder de UGT, Pepe Álvarez, aseguró que la propuesta del Ejecutivo era «extraordinariamente positiva», aunque mostró cautela a la espera de leer «la letra pequeña».
Por su parte, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, también consideró «posible» un acuerdo con el Gobierno sobre la segunda pata de la reforma del sistema de pensiones tras conocerse la última propuesta de la cartera que dirige José Luis Escrivá. Sin embargo, Sordo admitió que el acuerdo tripartito con los empresarios era «difícil».
De hecho, tras la mesa de negociación del viernes, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) emitió un comunicado, junto con la Confederación Española de la Pequeña y la Mediana Empresa (Cepyme) y la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), en el que expresaba su «frontal oposición» a la reforma de pensiones planteada por el Gobierno».
Para los empresarios, la reforma tiene «voracidad recaudatoria» y un carácter «populista», que «socavará el esfuerzo de las empresas en las negociaciones salariales» con los sindicatos.
PERIODO DE CÓMPUTO: 25 AÑOS COTIZADOS O 29, EXCLUYENDO LOS 2 PEORES
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones propuso el viernes cambios en el periodo de cómputo de la pensión para que ésta se calcule o con los últimos 25 años cotizados o con 29 años de cotización, de los que se podrán excluir los dos peores, por lo que en la práctica el cómputo en este segundo caso será de 27 años.
De esta forma, se permitirá elegir entre lo que ya hay (últimos 25 años de cotización) o utilizar un periodo de cómputo de 29 años, eliminando los dos peores años cotizados. Es decir, que el periodo de cálculo se mantendrá en 25 años si no resulta más beneficioso tomar un total de 27 años (29 años menos los dos peores).
Este régimen dual del periodo de cómputo estará vigente durante los próximos 20 años. La nueva opción que se introduce (29 años excluyendo dos) se desplegará progresivamente durante 12 años a partir de 2026, lo que beneficiará especialmente a los trabajadores con carreras irregulares, según explicaron a Europa Press en fuentes de la Seguridad Social.
Así, mediante este nuevo sistema, se ofrecerá al pensionista ambas posibilidades con la idea de aplicar lo que resulte más ventajoso para el trabajador que se jubile. El objetivo es que aquellos con carreras laborales más volátiles no vean mermada su pensión por haber recibido menores ingresos en sus últimos años en activo.
Fuentes de la Vicepresidencia Segunda y Unidas Podemos comentaron que un tercio de la población se beneficiará del cómputo de 25 años, otro tercio de la fórmula 29-2, y otro tercio no se verá afectado por ningunas de las dos fórmulas.
CUOTA DE SOLIDARIDAD A PARTIR DE 54.000 EUROS Y MEI AMPLIADO
Con el objetivo de mejorar los ingresos del sistema, la propuesta del Gobierno plantea una «cuota de solidaridad» para la parte del salario que actualmente no cotiza por superar el tope máximo de cotización. Ésta será del 1% en 2025 e irá aumentando a un ritmo de 0,25 puntos por año hasta llegar al 6% en 2045.
La cuota sólo se aplicará a salarios superiores a 53.946 euros en 2023, la base máxima de cotización hoy en España, como apuntaron las fuentes de la Vicepresidencia Segunda y Unidas Podemos. Estas mismas fuentes recalcaron que es «una aportación neta al sistema» y no un mecanismo de destope, por lo que no conlleva una contraprestación ni genera derechos.
Al mismo tiempo, también con la finalidad de elevar los ingresos del sistema para hacer frente al mayor gasto que implicarán las jubilaciones de los ‘baby boomers’, el Ejecutivo propone duplicar la sobrecotización asociada al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Ésta, que actualmente es del 0,6%, subirá hasta el 1,2% en 2029, a un ritmo de una décima por año. De esta forma, el reparto de esa aportación recaerá en un 83,4% sobre la empresa y en el 16,6% en el trabajador.
Otra de las patas que el Gobierno propone para elevar los ingresos del sistema es la subida de las bases máximas, que se hará entre 2024 y 2050 sumándole al IPC anual una cuantía fija de 1,2 puntos porcentuales.
Por su parte, las pensiones máximas se revalorizarán año a año con el IPC anual más un incremento adicional de 0,115 puntos porcentuales acumulativos cada año hasta 2050. A partir de 2050 y hasta 2065 habrá incrementos adicionales, aunque éstos aún no se han precisado.
MEJORA DE LAS PENSIONES MÍNIMAS
El texto del Gobierno plantea también una mejora de las pensiones mínimas, tal y como demandaban los sindicatos. Lo que se propone es algo similar a lo que se ha hecho con el salario mínimo interprofesional (SMI): establecer una senda de convergencia de las pensiones mínimas contributivas para asegurar que alcancen el 60% de la renta mediana, tomando como referencia la evolución de la pensión mínima con cónyuge a cargo, que alcanzaría entre 2024 y 2027 el 60% de la renta mediana correspondiente a un hogar de dos adultos.
Para las pensiones no contributivas se establece un proceso similar: crecerán hasta converger en 2027 con el 75% del umbral de la pobreza calculado para un hogar unipersonal, según consta en los planteamientos del Gobierno.
COBERTURA DE LAGUNAS Y REDUCCIÓN DE BRECHA DE GÉNERO
En su propuesta, el Ejecutivo mantiene el modelo actual de cobertura de lagunas (entendiendo por lagunas aquellos meses en lo que no existe obligación de cotizar y que son tenidos en cuenta para calcular las pensiones), aunque con mejoras para las mujeres.
Así, los vacíos de cotización se compensarán con el 100% de la base mínima los primeros 48 meses (4 años), y con el 50% de la base mínima a partir del mes 49, añadiendo para las mujeres asalariadas el 100% de la base mínima entre el mes de vacío 49 y el 60 (hasta el quinto año) y el 80% de la base mínima entre el mes 61 y el 84 (del quinto al séptimo año).
Asimismo, el Gobierno propone que el complemento de brecha de género de las pensiones suba un 10% adicional a su revalorización anual en el bienio 2024-2025.