La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, defenderá este jueves en el Congreso la nueva Autoridad del Cliente Financiero ante las enmiendas a la totalidad de Esquerra Republicana (ERC) y Vox.
Esta nueva autoridad es un nuevo organismo de supervisión con el que el Gobierno quiere unificar criterios para resolver de manera extrajudicial las reclamaciones y disputas entre clientes y bancos.
Pese a que el Gobierno considera este organismo «clave» para la protección de los ciudadanos, ERC y VOX piden devolver el proyecto, que ha generado la disconformidad de la banca por la tasa de 250 euros que, según el proyecto, deberán pagar las entidades por cada reclamación que es admitida a trámite.
Las enmiendas de devolución de los grupos que enmiendan parten de la idea de que el nuevo organismo que prepara el Gobierno no es necesario, ya sea porque el actual sistema funciona o bien porque hay otras vías que no implican la creación de un nuevo ente.
En el caso de la formación catalana, entiende que sería suficiente con plantear la obligatoriedad de los sistemas alternativos de resolución de conflictos ya existentes, como es el caso del arbitraje de consumo. Por parte de Vox, creen que el sistema de reclamaciones extrajudiciales cumple su función «de manera eficiente y eficaz».
UNA AGENCIA PARA SUPERVISARLOS A TODOS
En concreto, la nueva agencia asumiría las funciones que ahora recaen en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Banco de España y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, este último organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos.
Para financiar este nuevo organismo supervisor, el Gobierno propone una tasa de 250 euros que los bancos deberían abonar en caso de que una reclamación de un cliente fuera admitida a trámite en este organismo.
Este ha sido el punto más cuestionado por los expertos que han comparecido en los últimos días en el Congreso. Sobre todo de la banca, que ha alertado de la posibilidad de que podrían admitirse a trámite reclamaciones por un importe inferior a esos 250 euros y con ello provocar un incremento de esas quejas por parte de los clientes.