La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) impuso más de 270 sanciones a empresas de la cadena alimentaria en 2022 por infracciones legales, más de la mitad de ellas (53%) por incumplimiento de los plazos de pago por parte de mayoristas e industrias agroalimentarias, según revela el informe anual de la organización.
El resto de sanciones se vincularon con otros incumplimientos del marco legal, como la falta de contrato, la no inclusión del precio en el contrato o la destrucción de valor de la cadena alimentaria. Por sectores, 109 sanciones correspondieron al de frutas y hortalizas, 68 al vitivinícola y ocho al lácteo.
Por otra parte, el año pasado, AICA recibió 23 denuncias por presuntos incumplimientos de la ley de la cadena, con el sector hortofrutícola a la cabeza en número de procedimientos (15), seguido del lácteo (3), el vitivinícola (2) y los del aceite de oliva (1), la aceituna de mesa (1) y los frutos secos (1).
Además, AICA realizó 929 controles de oficio en 2022 que abarcaron 1.487 relaciones comerciales entre operadores de la cadena alimentaria, principalmente del sector de frutas y hortalizas (29,4%), el cárnico (21%), el del vino y los de la aceituna de mesa y los frutos secos.
Desde la entrada en vigor de la modificación de la ley de la cadena alimentaria, este organismo ha acometido un total 7.638 actuaciones, de las que 2.487 tenían como finalidad comprobar la existencia de contratos y 5.151 controlaban que no se produjeran prácticas abusivas comerciales.
LA REFORMA DE LA LEY DE LA CADENA FUE «AMBICIOSA»
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha señalado que la reforma de la ley de la cadena alimentaria resultó «ambiciosa en el ámbito de la Unión Europea», añadiendo que supuso un «claro ejercicio de transparencia» sobre las relaciones comerciales.
«La ley de la cadena funciona y el Gobierno está comprometido, junto al trabajo de las comunidades autónomas, con su cumplimiento», ha remarcado el ministro.
En el acto inaugural del Consejo Asesor de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), Planas ha asegurado que el Ministerio seguirá potenciando esta transparencia con la implementación del nuevo registro digital de contratos, en el que los operadores deberán inscribir cualquier contrato y sus modificaciones.
Al igual que la reforma de la ley de la cadena alimentaria, esta nueva medida buscará acabar con las situaciones de abuso en el sector, poniendo especial atención en los productores primarios, «el eslabón más débil».
La reforma de la ley, que entró en vigor en diciembre de 2021, ya implantó por ejemplo la obligatoriedad de formalizar un contrato por escrito cuando la operación supere los 1.000 euros.