Economía

ATA pide a la delegación europea de Control Presupuestario la eliminación de trabas en el acceso a los fondos

La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) se ha reunido este martes con la delegación europea de Control Presupuestario, a la que ha expuesto la necesidad de eliminar las trabas en el acceso a los fondos para facilitar su llegada al tejido empresarial.

La vicepresidenta de ATA, Celia Ferrero, ha señalado en este encuentro que los autónomos «no perciben los fondos», y que de los más de 3,3 millones de trabajadores por cuenta propia que hay en España, apenas cinco de cada 100 los ha solicitado.

El objetivo de ATA es llegar a, al menos, 1 millón de autónomos, puesto que estos fondos «son una oportunidad» para el tejido empresarial, como ha expuesto a la delegación europea que examina el desarrollo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

«Es imprescindible poner énfasis en el acompañamiento de autónomos para poder acceder a los fondos europeos o se diluyen en pura burocracia», ha añadido Ferrero.

ATA también ha compartido con la delegación sus planteamientos sobre la Adenda al PRTR, con siete propuestas para mejorar.

En primer lugar, reclaman acompañamiento para los autónomos en el acceso a subvenciones y licitaciones, y sugiere la puesta en marcha de un servicio gratuito para pymes y autónomos, basado en un modelo de colaboración público-privada de asistencia en el acceso a los fondos y la preparación de las solicitudes y proyectos.

El segundo punto que ATA ha trasladado a la delegación es la aplicación del test SME a las bases de subvenciones y convocatorias, para evitar cualquier criterio que resulte excluyente y discriminatorio en el acceso a pymes y autónomos.

ATA reclama también transparencia e información, con lenguaje administrativo entendible y herramientas accesibles, al tiempo que expone la conveniencia de aumentar los períodos de las convocatorias. Sobre esta cuestión, ATA considera «inviable» preparar la solicitud y la documentación con plazos inferiores a 40 días.

Entre sus propuestas, también incluye establecer un listado accesible de entidades autorizadas para la concesión de avales y garantías, flexibilizar la ampliación de plazos para ejecución y justificación, y dar incentivos fiscales.