El secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, ha afirmado este martes que es «urgente» que la Autoridad del Cliente Financiero comience a funcionar en un entorno en el que la reputación de las entidades financieras «sigue teniendo problemas» y marcado por las subidas de tipos de interés que el Banco Central Europeo (BCE) está llevando a cabo.
Así lo ha expuesto durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso de los Diputados por donde esta semana pasarán diversos expertos para pronunciarse sobre el proyecto de ley por el que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero para la resolución extrajudicial de conflictos entre las entidades financieras y sus clientes.
En concreto, García Andrés ha defendido que el objetivo de la nueva autoridad es mejorar la tramitación de las reclamaciones que los españoles realizan al año en materia financiera. Alrededor de un millón de quejas llegan a los servicios de atención al cliente de las entidades, mientras que 700.000 son desestimadas. De este número, cerca de 47.000 son las que reciben los supervisores –Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP)– y un 38% de este número es admitido a trámite. A su vez, de este 38%, en el 54% se da la razón al cliente.
Para el secretario de Estado, esta nueva autoridad es un «antídoto contra el exceso de litigiosidad» y se encamina también a reducir los costes tanto para los clientes como para las entidades financieras al intentar evitar «largos» procesos judiciales.
«Este proyecto es urgente, que esta autoridad empiece a funcionar porque estamos en un entorno en el que la reputación y la percepción de los clientes sobre las entidades financieras sigue teniendo problemas», ha trasladado García Andrés.
También ha vinculado la creación de esta autoridad al contexto de subida de tipos de interés que impactará sobre las familias y creará una necesidad de mayor atención y protección de los clientes financieros, así como al problema de inclusión de mayores y zonas rurales en el sistema financiero.
COSTE DE 21 MILLONES
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital estimaba en el informe de impacto normativo y económico del proyecto de ley que la creación de esta nueva autoridad supondrá un coste anual de 21 millones de euros para las entidades financieras. Este nuevo organismo centralizará los actuales servicios de reclamaciones del Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
Así, podrán presentar reclamaciones ante la autoridad las personas físicas o jurídicas que sean clientes de servicios financieros por posibles incumplimientos de normas de conducta, buenas prácticas y usos financieros, así como cláusulas declaradas abusivas por los altos tribunales correspondientes.
La autoridad se financiará a través de una tasa de 250 euros que se cobrará a los bancos por cada reclamación que se admita contra ellos. Se trata de una tasa por actividad y servicios de forma que, además de contribuir a la financiación de la institución, incentivará que las entidades resuelvan las reclamaciones de forma previa.
Al respecto, García Andres ha afirmado que el Ministerio de Asuntos Económicos «le ha dado muchas vueltas» a la implantación de la tasa y el impacto que puede tener, y ha descartado que vaya a producirse un «uso estratégico». «Pensamos que la entidades no van a dar la razón a los clientes, aunque sea en cuantías pequeñas, cuando no tienen razón y no ha habido incumplimiento de normas de conducta. Por razones obvias, para proteger la propia reputación de las entidades», ha explicado.
Además, ha señalado que esta tasa permitirá que, de manera flexible, el sistema de resolución sea «gratuito» y que se pueda adecuar al coste de funcionamiento del organismo.