Los títulos de Repsol han cedido un 2,5% en Bolsa después de que la Audiencia Nacional haya rechazado la petición de medidas cautelares solicitadas por la compañía contra la orden del Ministerio de Hacienda que recoge el impuesto a las energéticas aprobado por el Gobierno.
En concreto, las acciones de la multienergética se han dejado un 2,53% al cierre de la sesión, para situarse en los 15,015 euros.
La compañía, que logró esquivar el signo negativo en los últimos compases de la sesión del jueves tras presentar por la mañana los resultados correspondientes al ejercicio 2022 -cuando ganó 4.251 millones, un 70% más- no ha logrado hacer lo mismo en el último día de cotización de la semana, tras conocerse la decisión de la Audiencia Nacional.
La compañía que dirige Josu Jon Imaz tendrá que abonar este año en torno a 450 millones de euros por el impuesto establecido por el Gobierno para gravar con un 1,2% las ventas de las energéticas con unos ingresos superiores a 1.000 millones anuales.
El pago extraordinario de este impuesto se realizará en dos partes, una en febrero y la otra en septiembre, aunque la compañía ha afirmado que no tendrá un impacto «material» en las cuentas de 2023.
En la rueda de prensa de presentación de los resultados, Imaz criticó el impuesto, al considerar que no es compatible ni con la Constitución Española ni con la normativa europea, por lo que anunció que la compañía seguirá todos los cauces legales para conseguir anularlo. Aunque en ese momento no lo desveló, uno de esos cauces era la petición de medidas cautelares para paralizar su entrada en vigor.
«Estamos encantados de contribuir a la sociedad a través de los impuestos que pagamos, pero esta tasa es discriminatoria y desincentivará el negocio. Lo que necesitamos las empresas es más inversión y producción para mantener los precios energéticos bajos», defendió.
Este viernes se ha conocido que la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha rechazado las cautelares solicitadas por la multienergética contra la orden que aprueba los modelos de declaración de ingreso y pago del impuesto, tras desestimar previamente las medidas cautelarísimas solicitadas por Repsol.
La defensa jurídica de Repsol ha recibido este primer revés en su estrategia de suspender la orden en tanto se tramita el proceso judicial contra el impuesto.