Economía

El ICO firma un acuerdo con la CE para canalizar 150 millones a inversiones en infraestructuras sostenibles

La Comisión Europea y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) han firmado un acuerdo en el marco del programa de garantías InvestEU por valor de hasta 75 millones de euros y que contribuirá a canalizar financiación del ICO de hasta 150 millones hacia inversiones en infraestructuras sostenibles en toda España y otros Estados miembros.

Esta inversión pública espera movilizar 150 millones de euros adicionales por parte del sector privado, por lo que gracias al esquema de colaboración público-privada se podría alcanzar los 300 millones de euros en inversión para proyectos sostenibles.

El ICO, que se convierte en socio ejecutor de InvestEU, utilizará este acuerdo de garantía para movilizar inversiones hacia proyectos de infraestucturas que potencian la transición verde y que ayudarán a la UE a alcanzar sus objetivos estratégicos más amplios de garantizar la doble transición ecológica y digital.

«Me complace que, con este acuerdo, el Instituto de Crédito Oficial se haya convertido en nuestro socio para la implantación de este programa», ha declarado el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, señalando la oportunidad de aprovechar todo el potencial de InvestEU para canalizar la inversión hacia proyectos verdes y digitales, «apoyando el crecimiento sostenible y creando empleos de alta calidad en toda España».

De su lado, el presidente del ICO, José Carlos García de Quevedo, ha señalado que este primer acuerdo refuerza el compromiso del ICO, como banco nacional de promoción y entidad acreditada en el programa Invest EU, de apoyar la doble transición verde y digital.

«Los fondos movilizados en virtud de este acuerdo contribuirán a financiar proyectos sostenibles y la creación de empleo de calidad, objetivos del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia», ha apostillado.

InvestEU proporciona una garantía presupuestaria de la UE a las entidades acreditadas como Implementing Partner para aumentar su capacidad de asunción de riesgos y, por lo tanto, contribuye a movilizar la inversión pública y privada para las prioridades de la política comunitaria.