El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha manifestado que cuando se trata de una sentencia, «no hay un plan A o plan B, hay obligación de ejecutar la sentencia en los términos en los que esté», por lo que ha manifestado que así lo hará el Gobierno central con respecto a la decisión que adopte el Tribunal Supremo al respecto de la ubicación de Ence. Con todo, ha garantizado «apoyo» a los empleos.
El Supremo tiene encima de la mesa varios recursos contra los fallos judiciales que declararon ilegal la prórroga concedida por el Gobierno de Mariano Rajoy a la pastera ubicada en los terrenos de Lourizán, en la ría de Pontevedra, y ordenó su salida de la ría a finales de este año. Así lo falló a favor tanto del Ayuntamiento de Pontevedra, la Asociación para a Defensa da Ría de Pontevedra y la asociación ecologista Greenpeace.
Estas decisiones fueron recurridas en casación ante el Tribunal Supremo, que admitió a trámite los escritos, sobre los que está previsto que falle el próximo 7 de febrero.
Preguntado sobre si el Gobierno tiene una «alternativa» o «plan B» en el caso de que se ratifique la nulidad de la prórroga y, por lo tanto, la obligación de salir de los terrenos donde está ubicada actualmente, Hugo Morán ha destacado que «no hay un plan B» cuando hay una sentencia, sino hay una «obligación» de ejecutarla.
«Nosotros no tenemos más que hacer que ejecutar la sentencia e intentar anticiparse, sin conocer la sentencia, sería bastante osado», ha afirmado, sobre un pronunciamiento al respecto.
En todo caso, ha confiado en que la empresa estará «pensando en su propia capacidad de continuidad en el tiempo y la garantía de los empleos». A este respecto, ha asegurado que «ahí tendrá el apoyo de la Administración del Estado para que no vaya en menoscabo de los empleos».