Unión Sindical Obrera (USO) ha denunciado este martes que la tasa de temporalidad del sector público a cierre de 2022 duplicó a la del sector privado, con un 30,2% frente a un 14,8%, evidenciando «el efecto mínimo» que han tenido los procesos de estabilización de plantillas en la Administración.
Así, la tasa de temporalidad del sector público apenas se redujo ocho décimas respecto a 2021 e incluso fue superior a la registrada en 2020 (29,9%) y 2019 (27,8%).
Para el secretario general de la Federación de Atención a la Ciudadanía de USO, Luis Deleito, estos datos corroboran el «fracaso» de los procesos de estabilización en el sector público.
«En la Administración hay dos grandes focos de temporalidad. La principal se encuentra en la autonómica, con dos grandes monstruos, que son la Sanidad y la Enseñanza, y después, la local, con los eventuales (…) Los procesos de estabilización y los compromisos de reducir la temporalidad no han surtido ningún efecto», lamenta.
En este sentido, Deleito ha destacado la «irrisoria» bajada de la temporalidad en los gobiernos autonómicos, de apenas ocho décimas, siendo estos los que más personal interino y eventual tienen, con un 34,31% del total.
En la Administración General del Estado, donde las interinidades son menos utilizadas, la tasa de temporalidad se ha reducido medio punto, hasta el 2,55%, en tanto que la Administración local, «donde más se abusa de los eventuales», la temporalidad creció en 2022 un punto, hasta el 14,08%.
«Unos datos más que sonrojantes. Un abuso de la temporalidad y de contratos en fraude de ley que se pretendió atajar con una foto por la estabilización, pero que no se ha ejecutado. Las grandes convocatorias de empleo público anunciadas a bombo y platillo son una mínima parte de las necesidades de la Administración: no se trata sólo de estabilizar, sino de recomponer servicios enteros donde durante años no ha habido reposición», expone Deleito.
Por todo ello, USO ha reclamado la puesta en marcha de planes específicos de estabilización para los sectores que presentan las mayores tasas de interinidades, como la Sanidad y la Educación, y una comisión de seguimiento efectiva, que penalice a quienes incumplen.
«Mientras no haya consecuencias administrativas y políticas por este fraude, seguiremos viendo cómo las Administraciones públicas se convierten en la mayor empresa de trabajo temporal de España», ha advertido el responsable sindical.