España ha remitido este viernes a la Comisión Europea una propuesta en la que solicita la concesión de vías rápidas y cartas de garantía o la supresión de umbrales mínimos para participar en proyectos de interés común, a fin de acelerar las inversiones en sectores clave para la transición verde como el energético y hacer frente así a la ley de subsidios verdes de Estados Unidos que la Unión Europea (UE) considera discriminatoria e inaceptable.
El documento destaca que también sería útil, por ejemplo, que Bruselas considerase, para determinados ámbitos, el uso de formularios simplificados específicos, como, por ejemplo, la forma en que procede con el Instrumento de Apoyo Técnico.
Esta es la aportación de la delegación española para reforzar la competitividad de la industria europea y agilizar su transición verde, que se ha visto afectada por el impacto de la nueva Ley para la Reducción de la Inflación (IRA) estadounidense con un paquete de 369.000 millones de dólares en subsidios para potenciar la inversión en Estados Unidos.
La presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, ya planteó durante su intervención en el Foro Económico de Davos (Suiza), las líneas generales de un plan europeo de inversiones en industria «limpia» así como una legislación para un tejido de «cero emisiones» con objetivos «claros» a partir de 2030 que los jefes de Estado y de Gobierno abordarán en la cumbre informal del próximo 9 de febrero.
El documento español, con la reforma del mercado eléctrico como principal prioridad, plantea una serie de medidas concretas que ayuden a acelerar este tipo de inversiones para que la industria europea no se quede atrás frente a otras potencias como la estadounidense o la china y que pasan por la concesión de vías rápidas, cartas de garantía o la exención de umbrales mínimos para participar en proyectos de interés común europeo.
En este sentido, destaca que este procedimiento acelerado debe estar previsto en el marco de los planes nacionales de recuperación y en sectores clave que proporcionen mayor autonomía estratégica, como es el caso de las energías limpias semiconductores, vehículos eléctricos o tecnologías críticas.
Estas herramientas diseñadas para apoyar las inversiones verdes se introducirán a través de un nuevo marco temporal de crisis y transición que también propone España y que debe estar en vigor al menos durante la aplicación de los fondos del mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
En lo que respecta a la financiación verde, el documento reclama un enfoque holístico para movilizar la inversión pública y privada a través de un paquete de reformas clave y expedientes legislativos que se espera que maduren bajo la próxima presidencia española del Consejo, en la segunda mitad del año.