CCOO y UGT han informado este viernes de que el Gobierno ha ratificado en la primera Mesa General de Negociación los avances alcanzados con ambos sindicatos en los encuentros previos del grupo de trabajo de la Ley de Función Pública de la Administración del Estado.
Los dos sindicatos avanzaron este jueves, en una rueda de prensa, que habían presentado 250 modificaciones al texto presentado por el Gobierno, lo que supone cambios en 88 artículos del texto del anteproyecto de ley, un 63% del total.
Frente a la valoración positiva de CCOO y UGT, CSIF ha señalado en un comunicado que ha presentado enmiendas a la práctica totalidad del texto del Gobierno, que, en su opinión, recorta derechos, carece de dotación presupuestaria y no concreta el desarrollo normativo.
CSIF considera que la actual redacción del anteproyecto es «muy deficiente» y «limita la movilidad, favorece el enchufismo del personal directivo, dificulta el desarrollo de la carrera profesional, del teletrabajo y penaliza la evaluación del desempeño».
El sindicato lamenta en su comunicado que el texto se haya elaborado «con prisas, sin la debida negociación con los sindicatos y sin respetar los acuerdos firmados en ámbitos como el teletrabajo o la promoción interna».
CSIF añade que el documento tampoco establece el marco en el que se deben desarrollar los reglamentos y vulnera el principio de reserva de Ley en cuestiones como los requisitos y condiciones de acceso a la Función Pública, el régimen jurídico del personal directivo, la evaluación del desempeño y la regulación de la remoción en el puesto de trabajo.
Entre las carencias que CSIF encuentra en el anteproyecto, tal y como lo presentó el Gobierno, está la falta de previsión presupuestaria para su ejecución en temas como la carrera profesional horizontal o la reducción de derechos con nuevas limitaciones a la movilidad.
Además, el sindicato se opone a la evaluación por desempeño que plantea el Ejecutivo, ya que «vulnera el principio de reserva de Ley y provoca inseguridad jurídica».
Asimismo, echa en falta la concreción sobre el desarrollo del grupo profesional B o la regulación del personal directivo. Tampoco concreta los incentivos para la permanencia en el servicio activo tras el cumplimiento de la edad de jubilación.
CSIF también se opone a la remoción en los puestos de trabajo obtenidos por concurso, como ha expresado en su comunicado.
La negociación entre el Gobierno y los tres sindicatos continuará el próximo jueves, día 26. Los representantes de los trabajadores esperan seguir negociando nuevas aportaciones para mejorar el texto.
El Consejo de Ministros aprobó el 20 de diciembre, en primera lectura, el anteproyecto de ley de la Función Pública, que pretende establecer una planificación estratégica de los recursos humanos, regular la carrera horizontal, introducir una evaluación obligatoria de desempeño de los funcionarios para mejorar la productividad y la adecuación de la carrera profesional al cumplimiento de las funciones del empleado público.
El texto del anteproyecto incluye la creación de dos nuevos complementos salariales para los empleados públicos, basados en su evaluación de desempeño y en su evolución profesional.