Los nuevos impuestos temporales anunciados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para la banca y las grandes compañías eléctricas, petroleras y gasísticas irán dirigidos a las empresas que facturen más de 1.000 millones de euros al año.
En un principio, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, se ha referido a que gravarán los beneficios que hayan registrado, pero posteriormente desde el Ministerio han puntualizado que se refería a facturación.
En concreto, el impuesto a las grandes energéticas se aplicará durante dos años sobre los beneficios registrados en 2022 y 2023, con el objetivo de recaudar 2.000 millones de euros cada ejercicio, mientras que el dirigido a las entidades financieras hará lo propio con una recaudación estimada de 1.500 millones al año, hasta un total de 7.000 millones.
En este sentido, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha explicado que estos dos impuestos se tramitarán «en paralelo» a los nuevos Presupuestos Generales del Estado –los nuevos impuestos no se pueden crear por decreto ley ni a través de las cuentas públicas– y ha dicho estar «convencida» de que contará con el apoyo de los socios que han respaldado las «medidas progresistas» del Gobierno.
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Durante su intervención, la titular de Hacienda ha defendido que, tras registrar las empresas energéticas «mayores beneficios» en la actual escalada de precios, «parece de justicia» que se les pida un «esfuerzo añadido, temporal» durante sus beneficios en dos ejercicios. Pero, ¿a qué compañías?
Endesa, Iberdrola, Naturgy, Repsol, Cepsa… Y Acciona Energía, filial de Acciona, y las de EDP. También las petroleras BP, Galp, Disa, Meroil, Esergui y Saras; y las comercializadoras de luz y gas independientes como Axpo, Fortia y Fenie. A todas ellas, el Gobierno dirige el hachazo.
Aquel rescate a la banca…
En lo que respecta a la banca, ha señalado que las entidades financieras «están empezando a tener mayores beneficios con motivo de la subida de tipos». Asimismo, más tarde ha recordado que durante la anterior crisis financiera «este país, de la mano de los gobiernos conservadores, acudió al rescate de la banca», y que la postura del Gobierno es «rescatar a los ciudadanos».
Fuentes del sector consultadas por Expansión explican que los bancos españoles pagan anualmente más de 5.000 millones en impuestos que asumen directamente en su cuenta de resultados. Esta cantidad se multiplica por dos si se suman los tributos en los que estas entidades son correa de transmisión, ya que los reciben pero los entregan a la administración correspondiente.
Esta cifra aumentará tras la subida de impuestos que el Gobierno quiere poner en marcha.