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Telecos vs. Netflix, Spotify y las tecnológicas: las claves de la batalla audiovisual en Europa

Telefónica, Deutsche Telekom, Orange y Vodafone se han unido para pedir al regulador europeo que establezca normas que obliguen a las plataformas tecnológicas a pagarles un canon.
5G SMARTPHONE
Getty Images

El nombre de la misión es «Google debe pagar a Telefónica por usar su red«. Vuelve la batalla de las empresas de telecomunicaciones europeas para que los gigantes tecnológicos paguen una especie de «canon» por prestar servicios a través de sus infraestructuras, una vieja reivindicación del sector que en España tuvo como principal valedor a César Alierta, expresidente de Telefónica. Esta tesis la expuso públicamente en un famoso vídeo hace más de una década.

Telefónica, Deutsche Telekom, Orange y Vodafone se han unido para pedir al regulador europeo que establezca normas que obliguen a las plataformas tecnológicas a pagarles y, de este modo, les permitan compensar las grandes inversiones que están teniendo que hacer para mejorar su infraestructura de red de telecomunicaciones. “La situación actual no es sostenible. La carga de la inversión debe repartirse de forma más proporcionada”, dijeron en febrero las cuatro grandes operadoras de España, Alemania, Francia y Reino Unido en un comunicado conjunto. 

Se trata de una posición razonada y con argumentos de peso, según fuentes del sector de las telecomunicaciones. Telefónica calcula que tendrá que invertir 6.000 millones de euros en España para desarrollar su infraestructura 5G. Mientras tanto, los grandes operadores no han dejado de perder clientes en los últimos años en el mercado minorista —es decir, ofreciendo telefonía y fibra—debido a las atractivas tarifas que ofrecen empresas más pequeñas como MásMóvil.

Esto queda evidente al comparar la evolución bursátil de empresas que gestionan infraestructuras de telecomunicaciones y las grandes operadoras. En los últimos cinco años, las acciones de compañías de infraestructuras como Cellnex o American Tower han subido un 222% y un 98%, respectivamente, pero las de Telefónica o Vodafone han caído un 58% y un 39% en el mismo periodo.

“Los operadores de redes asumen las inversiones necesarias en conectividad. Al mismo tiempo, nuestros mercados minoristas están en perpetuo declive en términos de rentabilidad”, dice el comunicado. “Su argumento es que si el regulador no es sensible a aumentar la rentabilidad del sector, entonces no van a poder ampliar sus infraestructuras", dice una fuente del sector que subraya que hay un "enorme apetito" por invertir en infraestructuras de telecomunicaciones, pero el problema es la baja rentabilidad en el lado de la comercialización debido a la regulación actual.

El punto de vista de las grandes tecnológicas

La situación se ve muy diferente al otro lado del frente. Los gigantes tecnológicos argumentan, en primer lugar, que los clientes de los operadores se ven incentivados a contratar sus servicios de telecomunicaciones para convertirse en usuarios de sus plataformas. Disfrutar de los servicios que ofrecen Google, Facebook, Netflix o Spotify es lo que motiva a los ciudadanos a contratar un servicio de fibra con Vodafone, Telefónica u Orange. Sin estas plataformas, tener internet sería menos atractivo.

Otro argumento es que los operadores ya reciben ingresos a través de sus paquetes de fibra y datos, según explican fuentes del sector. Por tanto, son los operadores los que deben decidir una estructura tarifaria que les permita ser un negocio rentable.

En la actualidad, la feroz competencia entre operadores ha hecho que las tarifas planas de fibra y datos móviles se hayan afianzado en los mercados minoristas, lo que significa que las plataformas tecnológicas disponen de una "tubería" prácticamente ilimitada para ofrecer contenido. Los gigantes tecnológicos no son responsables de que este sistema de tarifas planas se haya consolidado y de que, en consecuencia, la rentabilidad de los operadores se haya visto mermada, explican fuentes del sector sobre la visión que esta parte tiene del conflicto.

Otra cuestión es quién debe hacer frente a este "canon". ¿Se cobraría sólo a Youtube o también a una plataforma más pequeña que inyecte vídeo en la red? Esto crea posibles problemas de competencia, ya que, si se aplica a todas las plataformas, reforzaría la posición de los grandes y dificultaría la entrada de nuevos jugadores en el mercado.

Y, además, las grandes empresas tecnológicas también invierten mucho en investigación y desarrollo y en la ampliación de sus infraestructuras de telecomunicaciones. "Estas empresas invierten miles de millones en el desarrollo de nuevas tecnologías. Tienen enormes centros de datos para distribuir contenidos, y también son de las que más invierten en el despliegue de nuevos cables submarinos", explican fuentes del sector sobre los argumentos que utilizan habitualmente contra los operadores.

Un problema europeo

Europa es el epicentro de la batalla operadores vs grandes tecnológicas. En Estados Unidos, las operadoras gozan de un sistema de precios diferente al del Viejo Continente que les permite obtener una mejor rentabilidad, según las fuentes consultadas. “Los norteamericanos no están en este debate”, dicen. Sin embargo, sí que es un asunto en otros lugares, como en Corea del Sur, donde se está debatiendo una ley que impondría algunas limitaciones a las grandes empresas tecnológicas frente a los operadores de telecomunicaciones.

En cualquier caso, tomar medidas contra los gigantes tecnológicos potencialmente supondría un conflicto con Estados Unidos, ya que todos estás empresas tienen su sede al otro lado del Atlántico. Las fuentes consultadas creen que el regulador europeo se enfrenta al reto de garantizar que haya suficiente competencia entre los operadores para asegurar precios bajos, pero al mismo tiempo asegurar que estas empresas tengan suficiente pulmón para poder invertir y seguir siendo innovadoras.

Cómo garantizar una competencia sana sin ahogar a los operadores es el rompecabezas al que se enfrenta el regulador. "Es cierto que los operadores están sufriendo, lo que puede estar frenando un poco la inversión. Pero hay pocas perspectivas de que se produzca un cambio radical en la regulación europea sobre esta cuestión”, concluyen.

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