A partir de 2024, los conductores tendrán que pagar por utilizar las autovías estatales. Esta es la idea que defiende el Gobierno de Pedro Sánchez desde el pasado mayo, cuando presentó ante Bruselas el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, un documento que recopila las diferentes medidas económicas y fiscales que se esperan desarrollar en los próximos años con el apoyo de los fondos destinados por Europa para reparar los daños provocados por la crisis del covid. Ahora bien, ¿significa eso que la totalidad de las carreteras dejarán de ser gratuitas?
Por el momento, el documento apunta a que se trata de un mecanismo de pago por el uso de la red viaria estatal, que alcanza los 26.466 kilómetros de extensión. Dicho de otro modo: sí, el sistema de tarificación afectará a todas las vías estatales. Pero no lo hará de la noche a la mañana, sino que se implantará de manera “escalable” y “progresiva”, afectando en primer lugar a los 12.000 kilómetros que representan las vías de alta capacidad (autopistas y autovías).
Sistema viñeta o telepeaje
Aunque todavía no hay una propuesta oficial sobre el método exacto que se utilizará para llevar a cabo esta tarificación, sobre la mesa hay dos modelos alternativos a las barreras de pago a las que estamos acostumbrados y que ya utilizan algunos países europeos como Hungría, Suiza o Alemania.
El primero es un sistema conocido como “viñeta” o tasa de base temporal, que funciona como si fuese una tarifa plana. Consiste en adquirir una pegatina similar a la de la ITV o la de los distintivos ambientales de la DGT. Este adhesivo permite el uso ilimitado de la red durante un tiempo limitado, ya que su precio varía en función de si se paga por un día, una semana, un mes o un año.
El coste está aún por definir y la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha señalado que “nada está decidido”, pero hay quien apunta que podría tratarse de un pago único anual para los vehículos ligeros de unos 80 euros. Una cifra cercana a la del coste de las viñetas de Austria, donde sale por 92,50 euros al año en el caso de los coches y autocaravanas de menos de 3,5 toneladas, y por 36,20 euros en el de las motocicletas. Siguiendo la estela europea, podría llegar a venderse en los pasos fronterizos, estaciones de servicio o las oficinas de correos.
El telepeaje, o el pago por kilómetros recorridos, es la segunda opción que se baraja desde el Gobierno para funcionar de manera complementaria o para convertirse en la solución definitiva en sustitución a la viñeta. El sistema es sencillo: se trata de asociar la matrícula del vehículo a una tarjeta o cuenta bancaria. De esta manera, cada vez que se pasase por debajo de un pórtico instalado en la carretera, las cámaras leerían la matrícula y realizarían un cargo al conductor. Sobre el coste de este sistema, implantado en Portugal desde 2010, la Cadena Ser avanzaba la cifra de un céntimo por kilómetro recorrido.
Pagar para mantener las carreteras
Estos dos sistemas buscan implementar modelos que respondan a los principios de que “el que contamina paga” y “el que usa paga”. Sin olvidar que el principal motivo por el que se pretende desarrollar este sistema tarifario por el uso de las red de vías de alta capacidad es el de cubrir los costes crecientes de conservación de las carreteras que, según se recoge en el Plan de Recuperación, “no pueden ser asumidos por los recursos presupuestarios”. Ni siquiera con la cifra más alta de la historia que el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022 pretende destinar a ese fin: 1.371 millones de euros. Y es que el déficit en conservación ronda los 8.000 millones de euros, según la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex).
Detrás de la medida de tarificación también se encuentra una fuerte apuesta por el transporte sostenible y la reducción de emisiones de CO2, tal y como se recoge en la propuesta de reforma de Ley de Movilidad Sostenible y Financiación de Transporte, que contempla el fin de las carreteras gratuitas.
Para que entre en vigor esta normativa quedan, como mínimo, un par de años. Pero el Gobierno se ha comprometido a tener el plan perfilado como muy tarde en 2022. Para entonces deberán quedar resueltas algunas de las preguntas que todavía están en el aire: ¿qué pasa con las autovías que ya son de pago? ¿Habrá que pagar dos veces? ¿Qué normativa se aplicará a los transportistas de mercancías?
