El aviso, que tiene la forma de un dictamen motivado y que Bruselas también ha enviado a Francia y Rumanía, da un nuevo plazo de dos meses a España para abordar las deficiencias detectadas y ponerles solución, ya que de no hacerlo los servicios comunitarios podrán iniciar la tercera fase en un procedimiento de infracción que supone denunciar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
La directiva en cuestión exige a los Estados miembro que establezcan sanciones para las infracciones de determinadas nuevas disposiciones relacionadas con los sistemas de información consolidada, que son fuentes consolidadas de datos, que combinan en un sólo flujo de información, de fácil acceso para todos, los precios y volúmenes de los instrumentos financieros, como acciones y bonos, negociados en cientos de centros y plataformas distribuidos por todos los Estados miembros.
Bruselas explica en su comunicación que, al proporcionar información casi en tiempo real sobre las condiciones de fijación de precios en todos los centros de la UE, los sistemas de información consolidada capacitan a inversores e intermediarios para que puedan tomar decisiones con mayor conocimiento de causa.
«La plena aplicación de la legislación es fundamental para garantizar el éxito de la puesta en marcha de los sistemas de información consolidada y la correcta aplicación del marco del sistemas de información consolidada», ha indicado la Comisión Europea en un comunicado.
Bruselas inició el expediente sancionador en marzo de 2026 y ha decidido ahora avanzar a la segunda fase del proceso, después de que los países interpelados no hayan comunicado las medidas de transposición completa de la Directiva.

