Así lo recoge la ‘Guía para la adopción ética de la inteligencia artificial en las Administraciones públicas’, publicada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, un documento financiado por la Unión Europea (UE) a través de los fondos ‘NextGenerationEU’.
La publicación, «sujeta a actualizaciones periódicas», está concebida como una herramienta práctica para facilitar una «implantación homogénea, segura y confiable» de la IA, facilitando el cumplimiento de la normativa europea «sin añadir nuevas cargas administrativas».
El texto adapta los criterios al Reglamento europeo –cuyos plazos fueron modificados el 8 de julio de 2026 mediante el Reglamento UE 2026/1744, conocido como ‘Ómnibus IA’–.
Según este calendario, la actualización de los «sistemas de IA de alto riesgo existentes destinados a ser utilizados por autoridades públicas» será obligatoria a partir del 2 de agosto de 2030.
«CUATRO PRINCIPIOS IRRENUNCIABLES» Y SISTEMAS EXCLUIDOS
Según precisa el documento, toda adopción tecnológica regulada en la guía se rige por cuatro principios «irrenunciables»: la IA no sustituye la decisión humana –recaen siempre en las personas la responsabilidad, el criterio profesional y la decisión administrativa final–; no reducirá garantías ni derechos; debe mejorar los servicios públicos y no solo automatizarlos; y la ciudadanía seguirá teniendo vías de reclamación y supervisión.
El texto delimita qué sistemas quedan fuera del ámbito de aplicación del Reglamento: aquellos «utilizados exclusivamente con fines militares, de defensa o de seguridad nacional», aquellos «cuya única finalidad sea el I+D», los «distribuidos con licencias libres o de código abierto» (que cuentan con una «aplicación reducida»), así como el software tradicional basado en «reglas fijas programadas por el ser humano» o «sistemas de predicción sencillos».
Por el contrario, recuerda que están prohibidos los usos que entrañan un «riesgo inaceptable» por ser contrarios a los valores de la Unión Europea.
Entre ellos figuran la «manipulación cognitivo-conductual», la «puntuación y/o clasificación social», el «reconocimiento de emociones en el lugar de trabajo y educativas, salvo por motivos médicos o de seguridad», la «extracción no selectiva de imágenes faciales» para bases de datos o la «vigilancia policial predictiva» basada únicamente en el perfilado.
VIGILANCIA REPARTIDA Y ALERTAS EN LA CONTRATACIÓN
En el apartado de gobernanza nacional, la guía recoge la propuesta del Proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la Gobernanza de la Inteligencia Artificial, que designa a la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA) como «Punto Único de Contacto» y a la Dirección General de Inteligencia Artificial como «autoridad notificante».
Junto a ellas, la vigilancia del mercado se distribuirá entre la Agencia Española de Protección de Datos (biometría y control fronterizo), el Consejo General del Poder Judicial (Administración de justicia), el Banco de España y la CNMV (evaluación de solvencia) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (seguros de vida y salud).
Respecto a la exención de multas a los organismos públicos, el texto puntualiza que se trata de una disposición recogida «en la propuesta del Proyecto de Ley Orgánica español», aunque en caso de infracción la autoridad competente emitirá una resolución con «un apercibimiento» y «las medidas correctoras necesarias para cesar la conducta infractora o mitigar sus efectos».
En el capítulo dedicado a la contratación pública, el Ministerio recomienda analizar primero si el problema «puede resolverse de manera más sencilla y segura mediante otras tecnologías, como la automatización», y advierte de las limitaciones actuales de la IA, como los «sesgos» de datos históricos, su «exactitud limitada» o las «alucinaciones» de los modelos generativos.
Asimismo, el documento alerta de que si una Administración adquiere una solución comercial de bajo riesgo pero realiza «una modificación sustancial» o altera «su finalidad prevista» para aplicarla en servicios esenciales –como la «asignación de recursos de asistencia social»–, pasará a ser considerada legalmente «proveedor» de un sistema de alto riesgo, asumiendo todas las obligaciones técnicas, de marcado CE y de evaluación de conformidad.
Para asegurar el éxito de las licitaciones, el texto aconseja conformar «equipos multidisciplinares», verificar la disponibilidad, calidad y privacidad de los datos, prever tanto los «costes iniciales» como los «costes continuos» de mantenimiento e incluir cláusulas contractuales tipo que garanticen la interoperabilidad y la sostenibilidad energética.
La guía se completa con ejemplos de adopción responsable –como asistentes para tramitar prestaciones, gestión de emergencias o ‘chatbots’ ciudadanos– y un anexo específico sobre los modelos de «inteligencia artificial de propósito general».

