El documento plantea aprobar un Plan Estratégico de Inversión en Infraestructuras a diez años con una programación de dicha cantidad, desglosada en 285.000 millones que se dedicarían a nuevas infraestructuras y adaptación y 128.000 millones, a conservación y mantenimiento.
En el texto, trasladado a los cuatro principales partidos nacionales que concurren a las elecciones generales españolas del 29 de noviembre, se considera necesario evaluar concesiones y otras fórmulas de colaboración público-privada y el modelo de pago por uso «cuando proceda».
El Colegio defiende una política de inversión sostenida y basada en criterios técnicos para conservar el patrimonio existente y afrontar el envejecimiento de las infraestructuras, los fenómenos meteorológicos extremos, la descarbonización y la demanda de vivienda e insta a identificar prioridades, responsables, financiación y plazos, así como contar con un balance público anual de ejecución y resultados.
Entre otros aspectos, las medidas abarcan la planificación y financiación, la contratación pública y el empleo técnico, y actuaciones en la gestión del agua, carreteras, ferrocarril, puertos, aeropuertos, energía y vivienda, enumera en un comunicado.
RECUPERAR LA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN EL SISTEMA FERROVIARIO
En concreto, señala como una de las prioridades la corrección del déficit de conservación para evitar que se traduzca en fallos del servicio y mayores costes, para lo que propone programar inspecciones, mantenimiento preventivo y renovaciones en función de la vida útil y el uso de cada infraestructura, con «especial atención» a ferrocarriles, carreteras, presas, cauces e infraestructuras urbanas dañadas por la dana.
En el ámbito del ferrocarril, propone destinar 21.400 millones de euros en la próxima década al mantenimiento de la red estatal y a la renovación de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, divididos en 10.000 millones que corresponden a alta velocidad y 11.400 millones, al mantenimiento de la red convencional.
Asimismo, defiende modernizar Cercanías, completar los corredores Mediterráneo y Atlántico e impulsar el transporte ferroviario de mercancías. También incorpora actuaciones para «recuperar la seguridad y confianza» en el sistema ferroviario, como auditorías de calidad y técnicas, una programación estable de las renovaciones y el mantenimiento y mejoras en la gobernanza, la coordinación y los sistemas de seguridad.
Además, en puertos y aeropuertos, recomienda ejecutar las inversiones previstas de 7.000 y 13.000 millones de euros, respectivamente, y reforzar sus conexiones ferroviarias.
En materia de agua, plantea ejecutar un programa de 103.800 millones de euros entre 2026 y 2035 y triplicar con carácter «urgente» el presupuesto anual del ministerio competente en esta materia.
Al respecto, recuerda que la Estrategia Nacional de Infraestructuras del Colegio de Ingenieros de Caminos propone un nuevo Plan Hidrológico Nacional que coordine las actuaciones frente a sequías e inundaciones, la renovación de las redes y la mejora de la disponibilidad de recursos, así como una Ley de Presas y financiación específica para su seguridad y conservación.
Para las carreteras, solicita unos 58.300 millones de euros en diez años, con 43.700 millones destinados a conservación y 14.600 millones, a reposición y recuperación del estado de la red; evaluar un sistema de pago por uso en las vías de gran capacidad e impulsar su digitalización y el despliegue de recarga ultrarrápida.
ENERGÍA, VIVIENDA Y NUEVAS LEYES
Por otra parte, la propuesta del Colegio contempla 18.100 millones de euros para adaptar las redes eléctricas y reforzar las interconexiones internacionales, así como 4.200 millones para nuevas instalaciones de almacenamiento hidroeléctrico, en unas actuaciones que deben acompañar el crecimiento de las renovables y la electrificación, facilitar la conexión de nuevos consumidores industriales y reforzar la seguridad del suministro, sostiene.
Respecto a vivienda, plantea un Plan Nacional a diez años que permita alcanzar 300.000 viviendas anuales y crear un parque público estable de alquiler asequible. En particular, para aumentar la oferta, propone movilizar suelo público mediante colaboración público-privada, agilizar la tramitación e impulsar la construcción industrializada, además de recuperar capacidad empresarial y mano de obra especializada.
Por último, pide crear una Ley de Ordenación de la Calidad y Sostenibilidad de las Infraestructuras que abarque todo su ciclo de vida y una reforma de la Ley de Contratos del Sector Público para eliminar requisitos «desproporcionados», facilitar la tramitación y establecer mecanismos eficaces de resolución de controversias, al tiempo que reclama dar mayor peso a la calidad técnica en los servicios de ingeniería y consultoría.
La institución también defiende reforzar los equipos técnicos de las administraciones, mejorar las condiciones del empleo público y asegurar el relevo generacional, así como diferenciar los subgrupos A1 y A2 y exigir una cualificación de nivel de máster para los cuerpos y escalas de ingeniería del subgrupo A1, de acuerdo con sus responsabilidades.

