El breve paso de Elon Musk por la iniciativa DOGE del Gobierno de Trump, en la que se convirtió en su imagen más visible mientras blandía una motosierra, apenas contribuyó a reducir el gasto federal. Sin embargo, el año pasado ayudó a expulsar del Gobierno a más de 300.000 trabajadores federales, mediante despidos, renuncias voluntarias y jubilaciones anticipadas. También provocó protestas contra Tesla en Estados Unidos y Europa, algunas de las cuales terminaron con vehículos incendiados.
En el mejor de los casos, DOGE fue «un poco exitosa», reconoció Musk con un suspiro en una entrevista en un pódcast el pasado diciembre con Katie Miller, esposa del asesor de la Casa Blanca Stephen Miller, que había trabajado brevemente tanto con DOGE como para Musk. Sin embargo, admitió que, si tuviera la oportunidad de volver a hacerlo, no repetiría la experiencia.
«Creo que, en lugar de dedicarme a DOGE, básicamente me habría centrado en mis empresas», afirmó Musk. «Y entonces no habrían estado incendiando los coches».
Unos cuantos Tesla incendiados y el daño que su alianza con Trump causó a la imagen de su empresa de vehículos eléctricos podrían ser el menor de sus problemas cuando en enero tome posesión un nuevo Congreso controlado por los demócratas. Algunos expertos jurídicos consideran que las actividades de Musk y DOGE vulneraron las normas federales en al menos tres ámbitos: la eliminación de programas sin el consentimiento del Congreso, el incumplimiento de las leyes federales de transparencia y el acceso no autorizado a datos personales y financieros. Se espera que Musk y un grupo de jóvenes colaboradores de DOGE de veintitantos años, entre ellos Edward «Big Balls» Coristine, tengan que dar explicaciones sobre lo ocurrido durante los tres primeros meses de la Administración Trump.
El representante Robert Garcia, que está llamado a convertirse en presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes -uno de los varios comités del Congreso que probablemente investigarán a Musk y DOG-, dejó claro esta semana que está prevista una batería de investigaciones, entre ellas sobre las actividades financieras de la familia Trump y los archivos de Epstein.
«Contraten abogados», publicó, aunque sin mencionar a DOGE. El año pasado, Garcia fue uno de los principales críticos del Congreso de Musk y DOGE, aunque su equipo no respondió a varios correos electrónicos en los que se solicitaban comentarios sobre sus planes para celebrar audiencias acerca de este asunto.
Además del Comité de Supervisión, el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado también podría querer revisar las actividades de DOGE, ya que supervisa los asuntos gubernamentales, la función pública y las protecciones de los empleados federales. En un comunicado publicado el miércoles tras las elecciones, el representante Hakeem Jeffries, quien está llamado a convertirse en el próximo presidente de la Cámara de Representantes, afirmó: «El Congreso volverá a ejercer su función de control y contrapeso frente a un poder ejecutivo fuera de control».
Musk parece ser consciente de lo que se avecina. «Quienes se enfrenten a mí deben entender que averiguaré quién mueve realmente los hilos e iré a por esas personas, no solo contra sus marionetas», afirmó en una publicación en X el mes pasado.
Esto también podría ayudar a explicar por qué donó al menos 458 millones de dólares para ayudar a los republicanos a mantener el control del Congreso durante las elecciones de mitad de mandato.
«DOGE dio a Musk un acceso sin precedentes a lo que parecen ser algunos de los datos más protegidos»
Gran parte de las críticas a DOGE, más allá de los despidos masivos de empleados federales, se centró en la rápida desmantelación de USAID, un programa que durante seis décadas proporcionó alimentos y medicamentos a las poblaciones de las regiones más pobres del mundo. Estudios publicados en The Lancet y estimaciones de investigadores de la Escuela de Salud Pública Fielding de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) apuntan a que los drásticos recortes de USAID podrían provocar hasta 19 millones de muertes evitables en todo el mundo para 2030, entre ellas las de 4,5 millones de niños menores de cinco años. Además, en organismos como la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), los recortes de personal y presupuesto de DOGE han generado problemas persistentes para las flotas pesqueras, los agricultores y las aseguradoras estadounidenses que dependen de sus datos.
También está la cuestión de a qué información tuvo acceso Musk. Dado que es contratista federal y, a través de SpaceX, proporciona servicios de lanzamiento de cohetes y comunicaciones por satélite al Departamento de Defensa y a la NASA, el acceso que tuvo a información sensible durante su etapa en DOGE resulta especialmente relevante, señala Virginia Canter, asesora jurídica principal de Democracy Defenders Fund, una organización independiente de defensa legal. Canter fue asesora jurídica adjunta durante las administraciones de Obama y Clinton, y asesora en materia de ética del Fondo Monetario Internacional.
El mes pasado, un juez federal de Nueva York dictaminó que la Oficina de Gestión de Personal (OPM) había vulnerado la Ley de Privacidad al permitir que el equipo de DOGE accediera a información personal de millones de empleados federales actuales y antiguos. Democracy Defenders fue una de las organizaciones que participaron en la demanda presentada por exempleados del Gobierno.
Para Canter, el fallo sobre la OPM no hace más que confirmar el problema. Establece que DOGE accedió a datos protegidos a los que nunca debería haber tenido acceso, pero no aclara qué ocurrió después con esa información. Además, Musk, que se dedica profesionalmente a crear empresas basadas en datos, dista mucho de ser un contratista público cualquiera.
«DOGE dio a Musk un acceso sin precedentes a lo que parecen ser algunos de los datos más protegidos», afirmó. «¿A qué información tuvo acceso? ¿A qué sistemas pudo acceder? ¿Qué hizo con esos datos?».
Según Canter, las preguntas que debería plantear el Congreso deben ir más allá del acceso y abordar también el uso de la información: ¿qué derechos se le concedieron a Musk sobre esos datos? ¿Qué restricciones se le impusieron? ¿Y acabó parte de esa información en los sistemas de sus propias empresas?
Musk abandonó DOGE en mayo de 2025, justo cuando expiraba su condición de empleado especial del Gobierno (Special Government Employee). Como no cobró ningún salario por el cargo, no estaba obligado a presentar declaraciones financieras ante el Gobierno que pudieran haber revelado posibles conflictos de intereses.
Sin embargo, tras un breve distanciamiento de Trump, Musk logró recuperar el favor del presidente y de la Administración. Este año, SpaceX ha obtenido contratos de defensa por un valor de al menos 8.000 millones de dólares, y Grok, el chatbot desarrollado por su empresa xAI, está siendo utilizado por el Departamento de Defensa.
En septiembre, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció que Musk formaría parte de un nuevo grupo asesor, el Proyecto Meridean, integrado también por el expresidente de la Cámara de Representantes Newt Gingrich y Palmer Luckey, cofundador del contratista de defensa Anduril Industries. El grupo asesorará sobre un estudio acerca del futuro de la guerra. Esta semana, tres organizaciones de supervisión gubernamental presentaron una demanda para frenar la iniciativa, al considerar que incluye a personas que podrían beneficiarse económicamente de ella.
De hecho, Democracy Defenders acaba de publicar un informe que estima que las empresas de Musk han recibido al menos 10.000 millones de dólares en contratos federales desde que este dejó DOGE. Entre ellos figuran dos contratos del Pentágono con SpaceX, por valor de 4.200 millones y 2.300 millones de dólares, respectivamente, para el propuesto programa de defensa antimisiles Golden Dome.
El hecho de que hayan vuelto a pedir a Musk que participe en una iniciativa gubernamental de alto nivel, con escasa transparencia y que podría darle acceso a información sensible, no hace más que intensificar las preocupaciones que surgieron con DOGE.
«Es algo muy peculiar», afirmó Canter. Además de que Musk es contratista federal, «detengámonos un momento y reconozcamos que estamos hablando del mayor donante político de la historia del país».
Este artículo está traducido de Forbes.com