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Uatae alerta de que la crisis de la vivienda amenaza la continuidad de los pequeños comercios

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La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae) ha advertido de que la crisis de la vivienda también amenaza la continuidad de los pequeños comercios, con 13.194 establecimientos menos en 2025, el equivalente a 36 cierres diarios, y más de 50.000 desaparecidos desde 2020.

La organización ha presentado el documento ‘Mismos derechos, recuperar las calles’, con diez compromisos que reclama a los partidos políticos ante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre para proteger a las personas trabajadoras autónomas, frenar la especulación y equiparar sus derechos a los de los asalariados.

Según una encuesta propia realizada a 800 autónomos, el 49% ha encontrado dificultades para alquilar una vivienda por su condición de trabajador por cuenta propia, mientras que el 43% destina entre el 25% y el 50% de sus ingresos mensuales al alquiler de su local comercial. Además, el 47% identifica este gasto como el principal de su actividad.

Uatae ha señalado que el encarecimiento de los alquileres y la transformación de locales comerciales en viviendas de uso turístico están alterando el tejido económico y social de los barrios. «No podemos hablar de vivienda sin hablar de trabajo, ni de comercio sin hablar de alquileres», ha afirmado su secretaria general, María José Landaburu, quien ha advertido de que cada vez resulta más difícil vivir del propio trabajo.

Entre las medidas propuestas, la organización reclama ayudas directas de hasta el 75% del alquiler de los locales, la creación de zonas de protección del comercio de proximidad con límites a los precios y sus subidas, y un instrumento público que adquiera establecimientos para alquilarlos a precios asequibles. También pide frenar la conversión de locales en pisos turísticos y ampliar el parque público de vivienda en alquiler.

AYUDAS AL ALQUILER Y PROTECCIÓN SOCIAL

Entre las medidas propuestas, la organización reclama ayudas directas de hasta el 75% del alquiler de los locales, zonas de protección del comercio de proximidad con límites a los precios y sus subidas, y la creación de un instrumento público que adquiera establecimientos para alquilarlos a precios asequibles. También pide frenar la conversión de locales en pisos turísticos y ampliar el parque público de vivienda en alquiler.

El documento plantea, además, reconocer legalmente la figura del autónomo vulnerable mediante un escudo social que limite las subidas del alquiler de los locales y amplíe los descuentos energéticos. Para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad, propone limitar esos incrementos al 2%, reducir la subida al 1% para los considerados vulnerables severos –con un 0% si el propietario es un gran tenedor– y eliminarlos en situaciones de riesgo de exclusión.

En materia de protección social, Uatae reclama que la pérdida de rentabilidad provocada por el coste del local permita acceder a la prestación por cese de actividad sin necesidad de acumular un año de pérdidas.

Según los datos incluidos en el informe, en 2025 se denegó el 54% de las solicitudes de esta prestación. Además, la Seguridad Social recaudó 364 millones de euros por las cotizaciones para el cese de actividad, de los que destinó 133 millones al pago de prestaciones, lo que dejó un superávit de 231 millones.

La organización también pide equiparar los derechos fiscales y sociales de los autónomos con los de los asalariados, facilitar el acceso al subsidio para mayores de 52 años y ajustar las cotizaciones a los ingresos reales. Entre sus propuestas fiscales figuran evitar que los trabajadores por cuenta propia tengan que adelantar el IVA de facturas que todavía no han cobrado y adaptar las retenciones a sus ingresos efectivos.

RECLAMA MEDIDAS CONTRA LA MOROSIDAD

Uatae reclama asimismo sanciones efectivas contra las empresas morosas y el cumplimiento de los plazos de pago de las administraciones públicas. Según las cifras recogidas en el documento, las empresas privadas tardaron una media de 67 días en pagar en 2025, frente al plazo legal de 60 días, mientras que el plazo medio de pago de las administraciones alcanzó los 70 días, frente al límite de 30 días.

El informe también señala que la pensión media de jubilación de los autónomos es un 40% inferior a la de los asalariados, una diferencia que alcanza el 54% en el caso de las autónomas.

«No pedimos privilegios, pedimos los mismos derechos y que trabajar no sea sinónimo de vivir permanentemente al límite», ha afirmado Landaburu, quien ha defendido que el debate sobre los autónomos debe tener en cuenta no solo sus cotizaciones, sino también los gastos que afrontan y la protección que reciben cuando atraviesan dificultades.

Con esta iniciativa, Uatae busca situar la economía cotidiana de los trabajadores autónomos en el centro del debate electoral y reclama compromisos concretos para proteger el pequeño comercio, garantizar el acceso a la vivienda y reforzar la protección social.social.