Lo ha dicho en la jornada ‘El efectivo, garantía de una transición digital justa, inclusiva y segura’, celebrada en la sede de Foment del Treball, en la que ha añadido que «obligar a pagar el alquiler por medios electrónicos no protege a nadie».
La Ley de Arrendamientos Urbanos obliga desde 2023 a pagar los alquileres por medios electrónicos, mientras que hacerlo en efectivo es una excepción si alguna de las partes no tiene cuenta bancaria o acceso a medios electrónicos de pago.
La plataforma ha lamentado que el pago electrónico «puede operar como un filtro adicional de solvencia en la selección de inquilinos» y priva a las familias de una herramienta para controlar su gasto.
Ha añadido que esta obligación no tiene beneficio para el control fiscal, ya que «la información relevante para la Administración es la existencia del contrato y su importe, no el instrumento con el que se paga cada mensualidad».