En un auto fechado el 28 de septiembre al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional considera la petición de la energética tras constatar que la Abogacía del Estado «no se opone a la pretensión de la demandante».
«No existiendo oposición a la adopción de la medida cautelar y analizadas las circunstancias del caso, procede suspender la ejecutividad del acto impugnado», señala.
No obstante, la Audiencia Nacional condiciona el mantenimiento de esta medida cautelar «a que se preste aval bancario por el principal, recargos e intereses de demora que se devenguen durante dos años, a partir de la admisión a trámite de este recurso».
Este auto, adelantado este viernes por ‘Cinco Días’ y ‘El Economista’, se une al dictado el pasado mes de junio también por la Audiencia Nacional, en el que acordaba la suspensión cautelar de la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) que confirmaba la liquidación a Repsol de 152,415 millones de euros en concepto del Gravamen Temporal Energético correspondiente al ejercicio 2023.
VIGENTE EN 2023 Y 2024.
El Gobierno impuso en 2023 y 2024 un impuesto extraordinario que gravaba con un 1,2% las ventas de las energéticas con unos ingresos superiores a 1.000 millones anuales.
Vigente durante esos dos años, el Ejecutivo trató posteriormente de prolongarlo en el tiempo, aunque esta medida decayó en su convalidación en el Congreso de los Diputados.
Todas las empresas del sector mostraron su rechazo al denominado ‘impuestazo’, recurriéndolo a los tribunales, aunque entre ellas, la compañía dirigida por Josu Jon Imaz fue de las más beligerantes.
Repsol fue el grupo más damnificado del sector energético en estos dos años por este gravamen especial, con el abono de casi 800 millones de euros.