Ante esta situación, la organización ha reclamado, en un comunicado, que se esclarezca el papel que están desempeñando los colegios profesionales de la abogacía y las propias mutualidades.
UPTA considera necesario determinar si existen presiones o intereses económicos que puedan estar dificultando el proceso, sin dar por acreditada ninguna intervención concreta, e insiste en que los intereses de las entidades gestoras no pueden anteponerse al derecho de los profesionales a una jubilación digna.
La organización también ha advertido de la contradicción que se está produciendo en el debate sobre el futuro de las pensiones. Mientras cerca de 100.000 profesionales vinculados a mutualidades alternativas reclaman una solución para incorporarse al RETA, determinadas formaciones políticas proponen aumentar el peso de los sistemas privados de capitalización en la jubilación.
Para UPTA, esta situación evidencia las insuficiencias de un modelo de previsión privada en el que numerosos trabajadores, después de toda una vida realizando aportaciones, se encuentran con prestaciones que no responden a sus necesidades económicas.
Por ello, la organización ha exigido a las mutualidades transparencia sobre la gestión de los fondos, los costes aplicados y los derechos económicos que corresponden a cada profesional.
Además, considera necesario revisar las garantías de un sistema en el que los resultados financieros y los gastos de gestión pueden condicionar las prestaciones finales.
La organización ha recordado que mientras los sistemas públicos de reparto se financian mediante cotizaciones y recursos públicos, los modelos de capitalización dependen de las aportaciones invertidas y de los resultados financieros obtenidos.
Aunque UPTA considera que el ahorro privado puede complementar las prestaciones públicas, rechaza que la seguridad económica de los pensionistas quede condicionada por la evolución de los mercados.
El presidente de UPTA España, Eduardo Abad, ha señalado que la situación de las mutualidades debería «encender todas las alarmas» y ha insistido en que quienes defienden una mayor capitalización privada deben explicar quién asumiría los riesgos de las inversiones.
«No se puede dejar el futuro de millones de trabajadores en manos de los mercados financieros», ha concluido.