Además, el grupo, cuarto operador de hidrocarburos en España, afirmó haber anticipado 543 millones de IVA en los primeros nueve meses del año, «acreditando así su solvencia financiera», consideró.
En un comunicado, la compañía gallega afirmó que está a la que espera de que la Administración del Estado resuelva por fin los recursos presentados contra la decisión de la Delegación de la Agencia Tributaria en Galicia de negarle la condición de ‘operador confiable’, «una posición que Hatta ha llevado a la Justicia ordinaria a través de una querella que ha sido admitida a trámite y cuyos hechos presuntamente irregulares están siendo investigados por una juez».
Hatta indicó que los funcionarios de Hacienda en Galicia justifican su denegación al asegurar que la empresa «no muestra solvencia financiera suficiente», frente a lo que el grupo presenta sus cifras a cierre de septiembre.
«¿Cómo es posible que estos funcionarios se nieguen a acreditar nuestra solvencia cuando en los primeros nueve meses del año 2026 se han facturado 3.451 millones de euros, casi los mismos que en todo el ejercicio 2025 (3.500 millones)? ¿Cómo es posible mantener la denegación cuando en estos nueve meses Hatta ha sido capaz de pagar por adelantado y a rajatabla 543 millones de euros de IVA? ¿Qué empresa no solvente es capaz de acreditar estos números? ¿Qué empresa no solvente adelanta con rigor el 110 por ciento del IVA cada mes?», se cuestionó la empresa.
CONDICIONA INVERSIONES A SER OPERADOR CONFIABLE.
Hatta recordó que tiene comprometidas con la Xunta de Galicia desde hace un año una serie de inversiones para producir biodiésel y convertir el territorio en un ‘hub’ de combustible verde, «inversiones que condiciona a que obtenga la condición de confiable».
Asimismo, el consejero delegado de Hatta, Javier Alonso, lamentó que «mientras la escalada de precios golpea a los ciudadanos», lo lógico sería que desde el Gobierno y la Administración se velara por «el principio de proporcionalidad, ampliamente reconocido en el derecho de la competencia europeo, que exige que la intensidad de una exigencia regulatoria guarde relación con el riesgo real que pretende evitar, y no con el tamaño del operador al que se aplica».