En un comunicado, el director general de la patronal, José Donoso, señaló que la medida, incluida en el proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas para 2027 del Gobierno autonómico, «penaliza una actividad que genera desarrollo socio económico local y ofrece competitividad a todos los consumidores, particulares e industrias».
A este respecto, UNEF indicó que la medida del Ejecutivo regional de PP y Vox extiende el Impuesto sobre la Afección Medioambiental a las plantas fotovoltaicas que venden a la red, con cuotas de entre 600 y 2.000 euros por hectárea.
En este sentido, la asociación afirmó que «detrás de este impuesto injustificado anunciado por la Junta de Castilla y León, hay una supuesta compensación ambiental», aunque subrayó que «esto no es así».
«Por un lado, todos los proyectos han recibido un informe ambiental positivo por parte de la Junta de Castilla y León. Por otro lado, esa recaudación debería, en todo caso, ir a esos territorios que los albergan. Sin embargo, solo está prevista para engrosar los presupuestos generales de Castilla y León. Además, penaliza especialmente a los proyectos con una integración mayor en el territorio», añadió al respecto.
Por ello, UNEF recalcó que se trata de «un impuesto injusto», también al definirse su pago en función de las hectáreas ocupadas y no de la generación.
«Esto no tiene en cuenta las diferencias de producción entre el norte de la comunidad y el sur, penalizando de forma mucho más significativa a las inversiones del norte. Además, también penaliza precisamente a los proyectos que han hecho las cosas mejor, buscando la mayor integración posible en el medio, mejorando la biodiversidad del terreno y generando toda una actividad económica agrícola en torno al pastoreo, el cultivo o la apicultura», afirmó la patronal.
TAMBIÉN SE PENALIZA A LOS CONSUMIDORES DE LA REGIÓN.
Asimismo, UNEF estimó que también se penaliza a los consumidores de la región, ya que los límites de la exención no tienen en consideración todas las posibilidades de autoconsumo compartido que se permiten gracias al RDL 7/2026, lo que supone que las empresas e industrias locales no puedan aprovechar esta oportunidad para ser más competitivos.
Así, Donoso advirtió de que se trata de «un impuesto al futuro, a las oportunidades de desarrollo económico y a la competitividad de las empresas y ciudadanos españoles que se benefician, gracias a la energía solar, de una tecnología limpia, económica y autóctona que fija población, atrae industria a nuestro país y da competitividad a nuestras empresas».