Según ha explicado en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, el Ejecutivo regional cree que este real decreto «condiciona el acceso a los fondos públicos».
Así, ha señalado que se trata de una medida que corresponde decidir libremente a cada comunidad autónoma en el ejercicio de sus competencias». «Este criterio penaliza a las comunidades que aplican políticas de vivienda diferentes», ha defendido.
Es por ello que pedirá ante los tribunales que los madrileños reciban «un trato equitativo» y que los recursos públicos se distribuyan «sin discriminación por las políticas de vivienda que legítimamente elija cada comunidad autónoma».
En concreto, el Consejo de Ministros aprobó este martes un real decreto para conceder 180 millones de euros en subvenciones directas a las comunidades autónomas que han declarado zonas de mercado residencial tensionado para que aumenten la oferta de vivienda asequible y se reduzcan los precios del alquiler.
La dotación recaerá sobre los 317 municipios declarados zonas tensionadas en cinco comunidades autónomas y que abarcan a más de 9 millones de habitantes, según explicó la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.