Así, reclama un mayor reconocimiento para el transporte discrecional, turístico, escolar y de trabajadores y advierte de que «no puede hablarse de movilidad sostenible dejando fuera de las políticas públicas a modalidades de transporte colectivo que contribuyen diariamente a reducir el uso del vehículo privado».
En esa línea, traslada a las formaciones políticas «la necesidad de preservar el tejido empresarial» que caracteriza al sector del transporte de viajeros por carretera –que son en «buena parte» negocios familiares– y considera «imprescindible» que estas tengan en cuenta sus «tiempos de adaptación».
Los empresarios de autocares critican que «las políticas públicas de movilidad, financiación y descarbonización no siempre reconocen de forma adecuada» la contribución de las modalidades de transporte que ellos representan y lamentan que estas «frecuentemente quedan en un segundo plano frente al transporte regular de uso general».
«La modernización del transporte no debería expulsar del mercado a las pequeñas y medianas empresas. Necesitamos políticas que favorezcan la competencia, la igualdad de oportunidades y la continuidad de un tejido empresarial que lleva décadas prestando servicio a la sociedad», plantean en un comunicado.
La patronal de autocares ha elaborado un documento de propuestas con el título ‘Diez compromisos para el futuro del transporte de viajeros por carretera’ que está compartiendo a los partidos políticos de España ante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, con el objetivo de que las incluyan en sus programas electorales y en las políticas públicas de la próxima legislatura.
En concreto, pide impulsar el transporte colectivo de trabajadores mediante incentivos que favorezcan su uso y una revisión del tratamiento fiscal del plus de transporte; una competencia «equilibrada» frente a los operadores internacionales, con límites temporales y mecanismos de control; y la creación de un Acuerdo Marco Nacional del Transporte Escolar, con criterios comunes de contratación, un observatorio de costes y mecanismos que garanticen la sostenibilidad económica de los servicios.
Además, propone la defensa de las pymes en la contratación pública, por medio de licitaciones accesibles, división de contratos en lotes, solvencia proporcionada y presupuestos ajustados a los costes reales; una fiscalidad «favorable» y renovación sostenible de las flotas, con ayudas estables, financiación accesible y neutralidad tecnológica; y un Plan Nacional de Formación e Incorporación de Conductores Profesionales, para afrontar la «creciente escasez» de personal y facilitar el acceso de jóvenes a la profesión.
Finalmente, solicita el acceso de autobuses y autocares a ciudades y destinos turísticos, sin «restricciones desproporcionadas» y garantizando espacios adecuados de parada y estacionamiento; la simplificación normativa y reducción de cargas administrativas, con mayor seguridad jurídica, períodos «razonables» de adaptación a las obligaciones digitales y un régimen sancionador «proporcionado»; la participación efectiva de las pymes en las políticas públicas y reconocer todas las modalidades de transporte colectivo en las políticas de movilidad sostenible.