Así lo recoge un informe publicado este martes por el organismo fiscalizador, que cuestiona la eficacia de parte de las reformas e inversiones financiadas con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), al constatar que los gobiernos priorizaron proyectos de digitalización frente a cambios estructurales más complejos y que, en la mayoría de los casos analizados, todavía no existen pruebas de mejoras sustanciales en el funcionamiento de los servicios públicos.
«El MRR podría haberse utilizado de manera más estratégica para reforzar las administraciones públicas de los Estados miembros. Se desaprovechó en gran medida la oportunidad de abordar retos estructurales persistentes», ha señalado la miembro del Tribunal responsable de la auditoría, Ivana Maletic.
Para elaborar el informe, los auditores examinaron reformas e inversiones de quince países de la UE, con un análisis más detallado de las actuaciones desarrolladas en España, Alemania, Grecia y Chequia, y comprobaron que, aunque las medidas evaluadas habían alcanzado los objetivos inmediatos previstos, sus efectos reales sobre la calidad y la eficacia de las administraciones eran mucho más limitados.
De hecho, únicamente el 36% de las iniciativas evaluadas consiguió resultados significativos, mientras que el 57% presentó avances limitados y en el 7% restante no se encontraron pruebas suficientes de sus efectos.
Los auditores también cuestionan la falta de instrumentos para comprobar si las inversiones han servido para agilizar los trámites, reducir los costes administrativos o mejorar la atención a los ciudadanos, puesto que solo el 43% de las medidas examinadas sobre el terreno contaba con indicadores adecuados para evaluar sus resultados.
ESPAÑA, EL PAÍS QUE MÁS FONDOS DESTINA A MODERNIZAR SU ADMINISTRACIÓN
España es el país de la UE que más fondos de recuperación ha destinado a reformas e inversiones relacionadas con la administración pública, con 11.033 millones de euros, por delante de Italia, con 9.039 millones, y Grecia, con 6.678 millones, según los datos recogidos en el informe del Tribunal.
Pese a las deficiencias detectadas en el conjunto de la UE, los auditores han constatado resultados más favorables en las actuaciones españolas examinadas en profundidad, ya que tres de las cuatro medidas analizadas lograron avances significativos y la restante presentó resultados limitados, frente al 36% de iniciativas con resultados significativos registrado en el conjunto de los cuatro países evaluados.
En concreto, el organismo fiscalizador destaca los avances conseguidos en la modernización de la Administración General del Estado y la digitalización de los servicios públicos, aunque advierte de que la reforma de la contratación pública española ha tenido un impacto limitado, lo que refleja que la ejecución de las medidas previstas no siempre se traduce en mejoras efectivas de su funcionamiento.
MÁS DIGITALIZACIÓN QUE REFORMAS ESTRUCTURALES
El Tribunal señala que los Estados miembro priorizaron proyectos de digitalización, que concentraron el 71% de los fondos de las medidas examinadas, frente a reformas estructurales más complejas, lo que explica que solo el 35% de las recomendaciones europeas sobre administración pública fueran abordadas en gran medida y que los avances en gobernanza resultaran especialmente limitados.
Los auditores advierten además de que la propuesta de la Comisión para el presupuesto de 2028-2034 sigue sin garantizar una evaluación adecuada del impacto de las inversiones, por lo que reclaman establecer objetivos medibles, comprobar la viabilidad de las reformas y proporcionar asistencia técnica con suficiente antelación para evitar retrasos. BRUSELAS DEFIENDE LOS AVANCES Y RECUERDA QUE LAS REFORMAS NECESITAN TIEMPO
Frente a las conclusiones del Tribunal, el Ejecutivo comunitario ha defendido que los fondos de recuperación han contribuido a mejorar el funcionamiento de las administraciones nacionales y han desempeñado un papel importante en el impulso de reformas estructurales, aunque reconoce que todavía quedan problemas pendientes.
En su respuesta al informe, el Ejecutivo comunitario ha destacado que las medidas financiadas abordaron el 95% de las recomendaciones relacionadas con la administración pública, si bien ha precisado que la normativa europea exigía atender todas o una parte significativa de ellas, pero no resolver necesariamente cada uno de los problemas identificados.
Bruselas también ha rechazado que la ausencia de resultados significativos en numerosas actuaciones deba interpretarse como una prueba de su ineficacia, al considerar que refleja principalmente la falta de información disponible por el momento y que las reformas de carácter estructural necesitan más tiempo para producir efectos medibles.
En esta línea, ha recordado que el sistema de seguimiento de los fondos se diseñó fundamentalmente para comprobar el cumplimiento de objetivos concretos, como la aprobación de leyes o la puesta en funcionamiento de servicios digitales, y no para medir todas sus consecuencias a largo plazo.
La Comisión ha señalado además que la ejecución de los planes nacionales estuvo condicionada por la guerra de Rusia contra Ucrania, la crisis energética, la elevada inflación y los problemas en las cadenas de suministro, circunstancias que obligaron a introducir modificaciones y adaptar determinados proyectos.
Respecto a las recomendaciones para el presupuesto de 2028-2034, el Ejecutivo comunitario ha indicado que las propuestas legislativas continúan negociándose con el Parlamento Europeo y el Consejo, por lo que no puede anticipar su resultado, aunque ha asegurado que tendrá en cuenta las observaciones de los auditores cuando se aprueben las nuevas normas.