Según el Consejo General, el déficit de vivienda en España se sitúa entre las 600.000 y las 730.000 unidades, a lo que añade la previsión del INE de 3,69 millones de nuevos hogares entre 2024 y 2039 (unos 246.000 al año de media), frente a un ritmo reciente de en torno a 90.000-100.000 viviendas terminadas anuales. Entre 2022 y 2024 se formaron 604.000 hogares y se concedieron 345.000 permisos, lo que supone un desajuste de 259.000 en ese indicador adelantado, calcula.
En ese sentido, el Consejo General afirma este martes que la escasez de oferta convive con otros factores, como el suelo, la financiación, la fiscalidad o la regulación, y que «cualquier solución debe formar parte de una estrategia más amplia» y que contenga mejoras de productividad y de capacidad industrial.
Así, plantea reducir el déficit de vivienda –«uno de los grandes desafíos actuales de España»– mediante «nuevas fórmulas de construcción más industrializadas y eficientes».
En concreto, propone actualizar la LOE (a la que califica como «el principal freno» para innovar y aprovechar el talento disponible), la financiación ‘off-site’ y el papel del fabricante para hacer realidad el potencial existente y sostiene que industrializar la construcción permite edificar con «más rapidez, previsibilidad y eficiencia».
«Reformar la LOE y abrir el modelo a nuevos actores es vital para acelerar la edificación, reducir costes y fomentar la competencia», destaca el Consejo General, que precisa que dicha ley no obliga expresamente a construir ‘in situ’ y para la que recomienda su actualización «acotada» en tres ejes.
Se trataría de reconocer a los ingenieros industriales el liderazgo de la dimensión industrial del proyecto y estudiar fórmulas de codirección o liderazgo técnico en vivienda industrializada; adaptar la normativa de valoración para que los elementos fabricados fuera de obra puedan servir de garantía antes de incorporarse físicamente al inmueble, con la trazabilidad y los controles necesarios; y de que la LOE regule el papel reforzado del fabricante industrial cuando asume fabricación, trazabilidad, control de calidad, integración ‘off-site’ y coordinación con la obra.
A los obstáculos del mercado se suma «la incapacidad recurrente de las Administraciones públicas para poner en el mercado un volumen significativo de vivienda protegida», agravada por la falta de suelo urbanizado, proyectos técnicos y presupuestos suficientes, advierte el presidente del Consejo General de Ingenieros Industriales, Carlos Medina, quien critica que estas «suelen responder con planes de vivienda pública que se cuentan por miles en las ruedas de prensa, pero por decenas en las entregas de llaves reales».
Por otra parte, el organismo señala en un comunicado que fabricar parte de la vivienda es «un potencial por aprovechar»; reconoce el Perte de Vivienda Industrializada como «un paso», pero insuficiente; y defiende que la industrialización no puede desplegarse plenamente sin incorporar de forma central las capacidades de la ingeniería industrial.
«No se trata de plantear un enfrentamiento entre profesiones, sino de adaptar la ley a un modelo en el que fabricación, logística y montaje pasan a ser el núcleo del proyecto», concluye.