La obligación de utilizar en España números de nueve cifras que comiencen por 400 afecta a empresas de sectores esenciales y a grandes compañías que comercializan bienes y servicios dirigidos a consumidores, con más de 250 empleados o más de 50 millones de euros de facturación, según ha señalado la entidad en un comunicado.
El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública publicó el pasado mes de abril esta resolución, la cual establece que todas las llamadas comerciales deberán realizarse desde una numeración de nueve dígitos que comience por dicho prefijo a partir de este sábado, 17 de octubre, lo que permitirá a los usuarios identificarlas con facilidad.
La organización ha valorado que la nueva numeración aporta transparencia y ayuda a contener el problema al permitir el bloqueo de llamadas por parte de operadores y aplicaciones móviles, aunque ha insistido en que no resolverá la cuestión al ser un código exclusivamente saliente que no permite devolver las llamadas.
Por ello, la entidad ha reclamado la creación de un registro público para identificar qué empresa se encuentra detrás de cada número comercial, una herramienta que facilitaría comprobar si se otorgó consentimiento, ejercer el derecho de oposición o reclamar frente a posibles incumplimientos.
Asimismo, la organización ha considerado necesario reforzar el marco sancionador con multas claras y específicas para quienes realicen llamadas sin consentimiento previo o eludan deliberadamente el uso de la numeración obligatoria, al tiempo que ha recordado que la medida no está diseñada para combatir directamente las estafas o la suplantación de identidad.
En este contexto, ha recomendado a los usuarios mantener la prudencia ante llamadas que soliciten claves o datos bancarios, utilizar los sistemas de bloqueo disponibles, inscribirse en la Lista Robinson y recordar que un contrato originado por una llamada comercial no consentida se considera no válido.