En una guerra, perder la conexión durante unos segundos puede ser suficiente para interrumpir una misión. Ucrania lo comprobó el 14 de octubre, cuando responsables militares denunciaron problemas con los servicios de conectividad por satélite de SpaceX que afectaron al control de determinados drones. Las interrupciones se produjeron en un momento en el que las comunicaciones se han convertido en una pieza esencial de las operaciones militares y la dependencia de tecnología estadounidense vuelve a estar en el centro del debate europeo.
Gestión de drones, información cartográfica, datos sobre la posición y los movimientos del enemigo, comunicaciones mediante radios definidas por software (software-defined radio). En definitiva, la conectividad en una guerra es un elemento mucho más importante de lo que imaginamos.
La controversia ha situado bajo los focos a Starlink, la red de internet por satélite de Elon Musk, y a Starshield, su plataforma orientada a las necesidades de seguridad nacional. No son productos equivalentes, aunque comparten tecnología y capacidades industriales. La diferencia importa tanto en el campo de batalla como en el negocio: detrás de las antenas instaladas en Ucrania existe un mercado de contratos públicos, servicios especializados y sistemas de comunicación que los gobiernos necesitan mantener operativos incluso cuando las infraestructuras terrestres dejan de funcionar.
La pregunta ya no es únicamente cómo se conectan los soldados en el frente. También es quién controla esa conexión, quién paga por ella y qué alternativas existen cuando el proveedor principal limita sus prestaciones o deja de ofrecer un servicio.
Starlink y Starshield: el negocio de conectar una guerra
Los ejércitos necesitan mantener comunicados a los soldados desplegados, los puestos de mando y los centros desde los que se coordinan las operaciones. Para hacerlo combinan radios tácticas, redes terrestres, comunicaciones por satélite y sistemas específicos de defensa. Cada tecnología cumple una función distinta y ninguna garantiza por sí sola la continuidad de todas las comunicaciones.
La ventaja de las redes satelitales es que permiten establecer conexiones en lugares donde la fibra, las redes móviles o las infraestructuras convencionales están dañadas o no existen. Un terminal puede proporcionar acceso a aplicaciones de mensajería, mapas y sistemas de intercambio de datos, siempre que disponga de cobertura, alimentación eléctrica y autorización para conectarse a la red correspondiente.
Starlink ha adquirido relevancia en Ucrania precisamente por esa capacidad. Su constelación de satélites en órbita baja ofrece conectividad con una latencia relativamente reducida y permite mantener servicios en territorios donde las redes terrestres resultan vulnerables. Pero el servicio comercial no está diseñado para responder por sí solo a todos los requisitos de seguridad de un ejército.
SpaceX presentó Starshield como una plataforma para clientes gubernamentales, con tres áreas principales: comunicaciones seguras, observación de la Tierra y alojamiento de cargas útiles de terceros en satélites. La compañía destaca que incorpora capacidades criptográficas adicionales para atender requisitos gubernamentales y gestionar información clasificada.
En términos empresariales, Starshield permite a SpaceX ampliar su negocio más allá de los clientes particulares y las empresas que pagan por una conexión a internet. Los contratos de defensa pueden incluir servicios de comunicaciones, terminales, asistencia técnica y gestión de sistemas adaptados a necesidades militares. Sin embargo, no existe una tarifa pública universal que permita comparar directamente el precio de una conexión comercial de Starlink con el coste de un servicio gubernamental de Starshield.
Los 150 millones de dólares de la conexión ucraniana
Una referencia concreta aparece en la documentación oficial estadounidense. El 29 de agosto de 2025, la Agencia de Cooperación de Seguridad de Defensa de Estados Unidos anunció que el Departamento de Estado había aprobado una posible venta a Ucrania de servicios de comunicaciones por satélite y equipos relacionados por un valor estimado de 150 millones de dólares.
La operación contemplaba ampliar los servicios de los terminales Starlink utilizados por Ucrania e incluía apoyo técnico, ingeniería y asistencia logística. El contratista principal identificado era Starlink Services, con sede en Hawthorne, California.
La cifra requiere una precisión importante: los 150 millones de dólares representaban el valor estimado máximo de una posible venta militar, no una confirmación de que ese importe se hubiera pagado íntegramente. La documentación señalaba que el coste final dependería de los requisitos definitivos, la disponibilidad presupuestaria y la firma de los acuerdos correspondientes.
Tampoco permite calcular cuánto cuesta cada terminal o cada conexión. Los contratos militares incorporan servicios y condiciones que no se encuentran necesariamente en las tarifas comerciales, por lo que dividir el importe total por un número supuesto de equipos produciría una estimación sin fundamento.
¿Quién paga? La respuesta depende del contrato y del programa de adquisición. En esta operación, Estados Unidos autorizó la posible venta al Gobierno ucraniano. Por otra parte, Polonia ha financiado suscripciones de Starlink para Ucrania, según informaciones publicadas por Reuters. Son mecanismos distintos que ilustran cómo los gobiernos aliados pueden contribuir a mantener operativa una infraestructura tecnológica durante un conflicto.
La factura no termina en la compra de equipos. También hay que sostener el servicio, resolver incidencias, mantener los terminales y garantizar que los sistemas puedan integrarse con las comunicaciones militares existentes.
El riesgo de depender de un proveedor privado
El episodio de octubre ha mostrado la dimensión estratégica de esa dependencia. Según responsables ucranianos citados por Reuters, las restricciones denunciadas afectaron a terminales utilizados en operaciones con drones, con desconexiones durante vuelos que superaban los 160 kilómetros por hora. Las autoridades ucranianas afirmaron que no habían recibido una advertencia previa.
Elon Musk sostuvo, por su parte, que las limitaciones de velocidad o uso de los servicios militares correspondían al Gobierno estadounidense y, en última instancia, al presidente de Estados Unidos. Las circunstancias exactas y el alcance de las restricciones deben distinguirse de las consecuencias operativas denunciadas por Kiev.
El caso pone de manifiesto una característica particular de las infraestructuras privadas utilizadas por los ejércitos: la relación contractual no elimina la dependencia tecnológica. Un país puede financiar los terminales y el servicio, pero no controlar por completo la arquitectura de la red, sus condiciones técnicas o las decisiones que afectan a su disponibilidad.
En términos económicos, esa dependencia genera costes difíciles de medir. Sustituir un proveedor puede exigir adquirir nuevos terminales, adaptar los sistemas de comunicaciones, formar al personal y realizar pruebas de compatibilidad. Durante una guerra, además, la transición debe producirse sin interrumpir servicios esenciales.
La redundancia es, por tanto, una necesidad operativa y también una decisión presupuestaria. Los ejércitos pueden combinar radios tácticas, redes terrestres, satélites de diferentes operadores y sistemas especializados. Pero disponer de varias tecnologías no significa que todas puedan reemplazarse inmediatamente entre sí.
El contrato de Starshield que supera los 100 millones de dólares
El negocio militar de SpaceX no se limita a Ucrania. La compañía también ha conseguido contratos para suministrar servicios Starshield a las Fuerzas Armadas estadounidenses.
Los registros públicos de contratación identifican una orden de trabajo adjudicada a SpaceX en noviembre de 2025 para prestar servicios de apoyo a Starshield, con un valor potencial de 135 millones de dólares. La adjudicación, con un periodo de ejecución previsto hasta mayo de 2027, se enmarca en los servicios comerciales de comunicaciones por satélite adquiridos para las fuerzas conjuntas estadounidenses.
La cifra permite observar la dimensión económica del negocio, pero no debe interpretarse como facturación ya reconocida ni como beneficio de SpaceX. El importe corresponde al valor potencial de la orden de trabajo y no revela por sí solo cuánto dinero se ha ejecutado, qué margen obtiene el contratista o qué proporción representa Starshield dentro de los ingresos totales de la compañía.
Para SpaceX, estos acuerdos aportan una vía de negocio distinta de la venta de conexiones comerciales. El cliente es una institución pública que necesita servicios ajustados a requisitos de seguridad, cobertura y disponibilidad. La contratación pública puede proporcionar visibilidad sobre la demanda, aunque las condiciones económicas completas y los detalles operativos no siempre son públicos.
El mercado tampoco se reduce a SpaceX. Los operadores de satélites tradicionales y las empresas que desarrollan constelaciones en órbita baja compiten por atender las necesidades de gobiernos, empresas y organismos de defensa. Sin embargo, disponer de satélites no basta: también hacen falta terminales compatibles, cobertura adecuada, capacidad disponible y sistemas que puedan integrarse en las redes militares.
Eutelsat y el reto europeo de construir una alternativa
La reacción de los mercados mostró que la incertidumbre sobre el acceso a los servicios estadounidenses puede beneficiar a los competidores europeos. El 14 de octubre de 2026, las acciones de Eutelsat llegaron a subir alrededor de un 23% durante la sesión, según Reuters, ante las expectativas de que los gobiernos europeos busquen alternativas a los proveedores estadounidenses.
Eutelsat opera OneWeb, una constelación de satélites en órbita baja que ofrece conectividad a empresas y organismos gubernamentales a través de sus socios. La red puede aportar capacidad adicional, pero no constituye un reemplazo inmediato de Starlink o Starshield.
Las diferencias tecnológicas importan. Las redes utilizan arquitecturas distintas y sus terminales no son intercambiables sin más. Cambiar de proveedor puede exigir sustituir equipos, adaptar las instalaciones y comprobar que el servicio responde a las necesidades de cada misión. Además, las características de cobertura, capacidad y consumo energético condicionan la utilización de los terminales en el frente.
La reacción bursátil refleja las expectativas de los inversores, no contratos nuevos ya firmados ni ingresos garantizados para Eutelsat. Para convertir ese interés en negocio, los operadores europeos tendrán que demostrar que pueden ofrecer servicios adecuados a los requisitos de defensa y seguridad de los clientes públicos.
Europa también está desarrollando IRIS², su futura constelación de conectividad segura. El programa, impulsado por la Unión Europea junto con la Agencia Espacial Europea y el consorcio industrial SpaceRISE, integrado por SES, Eutelsat e Hispasat, fue reforzado en agosto de 2026 hasta alcanzar una arquitectura prevista de 348 satélites.
La Comisión Europea sitúa en 2029 los primeros lanzamientos y prevé el despliegue progresivo de servicios de conectividad a partir de ese año. El objetivo es proporcionar comunicaciones seguras y bajo control europeo a gobiernos, fuerzas de defensa y seguridad y servicios de emergencia.
No es una solución inmediata para Ucrania. El desarrollo de una constelación requiere construir y lanzar satélites, desplegar infraestructura terrestre y habilitar terminales y servicios compatibles. Pero sí representa una apuesta industrial para reducir la dependencia de proveedores externos en comunicaciones críticas.
La conectividad también es una cuestión de soberanía
La guerra de Ucrania ha convertido las comunicaciones por satélite en una infraestructura estratégica y ha demostrado que su valor no se mide únicamente por la velocidad de descarga o el precio de una suscripción. También depende de la continuidad del servicio, la seguridad de los datos y la capacidad de mantener las comunicaciones cuando fallan otras redes.
Para SpaceX, Starshield amplía las oportunidades de negocio en un mercado en el que los gobiernos están dispuestos a contratar servicios especializados. Para Ucrania, la prioridad es mantener operativas sus comunicaciones militares y reducir los riesgos derivados de depender de un único proveedor. Para Europa, el desafío consiste en transformar sus proyectos espaciales en capacidades que puedan utilizarse de forma efectiva.
La cuestión económica va más allá de cuánto cuesta conectar un terminal. Incluye cuánto debe invertir un Estado para disponer de alternativas, cuánto tiempo necesita para cambiar de red y qué riesgos asume mientras depende de una infraestructura que no controla por completo.
En una guerra, quedarse sin conexión puede interrumpir una misión. Para un Gobierno, no disponer de una alternativa puede convertirse en un problema de seguridad nacional. Y para la industria espacial europea, esa dependencia abre un mercado potencial cuyo valor dependerá de su capacidad para ofrecer una solución fiable, competitiva y operativa.
