En concreto, la modificación del reglamento aprobado en 2024 afecta a los requisitos de seguimiento, información y verificación de estas emisiones que deben cumplir las empresas que adquieren hidrocarburos de terceros países, así como a las exigencias de notificación sobre la intensidad de metano, que también alcanzan a los productores comunitarios.
Con este cambio, Bruselas pretende «aliviar la presión sobre la industria europea y las administraciones nacionales» y dar más tiempo a los operadores para adaptarse a la normativa, en un contexto en el que, según advierte, el aumento de los precios amenaza con perjudicar la competitividad de la economía europea.
«La ambición de Europa en la lucha contra el cambio climático sigue siendo inquebrantable. Pero, a medida que nos acercamos a un invierno difícil en términos de precios energéticos, debemos ser flexibles y pragmáticos en la aplicación de nuestras normas», ha defendido el comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen.
El responsable comunitario ha señalado que la prioridad es «proteger a los ciudadanos europeos de la volatilidad de los precios» y evitar «cualquier posible riesgo adicional para el suministro energético» en un momento de restricciones a escala mundial.
Pese a esta flexibilización, el Ejecutivo comunitario sostiene que la medida «no afecta a la ambición, la integridad ni el ámbito de aplicación» de la legislación, que introduce obligaciones progresivas para controlar las emisiones de este gas de efecto invernadero tanto en la producción y el transporte de energía dentro de la UE como en las importaciones.
La propuesta deberá recibir ahora el visto bueno del Parlamento Europeo y de los Veintisiete en el Consejo de la UE, mientras la Comisión continuará trabajando con las autoridades nacionales y el sector energético para facilitar el cumplimiento de las disposiciones vigentes.
En este sentido, Bruselas ya presentó en julio dos recomendaciones sobre las posibles soluciones para cumplir las exigencias del reglamento y la aplicación de sanciones, mientras que el pasado 12 de octubre abrió una consulta para elaborar los modelos de declaración de emisiones que deberán utilizar los operadores del sector.