Los secretarios generales de ambas organizaciones, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han explicado en una rueda de prensa conjunta que el objetivo es dar cobertura laboral a las movilizaciones por la vivienda y promover una gran movilización social que implique a todos los actores.
Sordo ha señalado que la convocatoria pretende aglutinar el malestar social por las dificultades de acceso a la vivienda y ha defendido que la jornada tenga también una plataforma de reivindicaciones salariales y laborales.
Por su parte, Álvarez ha reconocido que el caso de Maricarmen ha sido uno de los detonantes de la convocatoria, ya que su caso «desbordó las calles» y ha recalcado que una parte de la ciudadanía pidió a los sindicatos que acompañaran las movilizaciones.
Asimismo, el líder de UGT ha subrayado que la implicación sindical en este problema viene de lejos y ha recordado que las centrales ya situaron la vivienda entre sus prioridades en el acto central del 1 de mayo celebrado en Málaga.
Sordo ha defendido además la legalidad de la convocatoria y ha considerado que «no hay dudas» al respecto porque la huelga no estará ligada exclusivamente a la vivienda, sino que incluirá reivindicaciones laborales. «Si estuviera solo ligado a la vivienda, creo que se podría explicar perfectamente, pero como no va a estar solo ligado a la vivienda, yo creo que no hay ninguna duda al respecto de la legalidad de la misma», ha afirmado.
«UN PARQUE DE 1,5 MILLONES DE VIVIENDAS»
El líder de CCOO ha defendido que el principal problema de la política de vivienda en España es la falta de una infraestructura pública capaz de garantizar precios asequibles y condicionar la evolución del mercado. Para revertir esta situación, ha propuesto movilizar durante una década recursos equivalentes al 1% del PIB para generar un parque de 1,5 millones de viviendas a precios asequibles.
El dirigente de CCOO ha planteado que este objetivo se alcance mediante la construcción de nuevos inmuebles, tanto en régimen de alquiler como de propiedad, y la movilización de viviendas vacías.
Entre las medidas concretas, Sordo ha pedido evitar los desahucios de personas vulnerables cuando no exista una alternativa habitacional, restringir la acumulación de viviendas por parte de fondos de inversión con fines especulativos y limitar el uso de pisos turísticos en las zonas tensionadas.
También ha defendido impulsar programas públicos de alquiler asequible que garanticen a los propietarios el pago y el estado de sus inmuebles, al tiempo que establezcan para los inquilinos rentas que no superen el 30% de los ingresos.
SUBIDAS SALARIALES DE ENTRE EL 4% Y EL 7%
Los sindicatos han defendido que la huelga también debe servir para reclamar mejoras salariales y desbloquear la negociación colectiva, aunque Sordo ha advertido de que el encarecimiento de la vivienda no puede compensarse únicamente mediante incrementos salariales.
«Hay que subir los salarios, pero el problema de la vivienda es sobre todo el problema de la vivienda», ha afirmado el secretario general de CCOO, que considera necesario abordar ambos problemas con medidas específicas.
En materia salarial, Sordo ha reclamado incrementos de entre el «4% y el 7%» y ha defendido que las empresas repartan sus beneficios mediante subidas generalizadas de las retribuciones.
Asimismo, ambos sindicatos piden elevar al menos un 7% el salario mínimo interprofesional (SMI), hasta situarlo por encima de los 1.300 euros en 14 pagas, e introducir cláusulas de revisión salarial en los convenios colectivos. También ha reclamado recuperar el registro horario e impedir la absorción y compensación de determinados complementos salariales.
Por otro lado, Álvarez ha denunciado que UGT y CCOO llevan «más de un año» esperando a la CEOE para negociar la renovación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).
Ambos dirigentes han situado entre los destinatarios de sus reivindicaciones a la patronal y a las administraciones públicas, desde los ayuntamientos y las comunidades autónomas hasta el Gobierno central. Sordo ha defendido que la movilización permita mantener la vivienda en el centro del debate público y comprometer a las instituciones con medidas que tengan continuidad más allá del actual ciclo político.
HUELGA 11-N
La huelga ya fue anunciada el pasado miércoles 8 de octubre por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI) junto a otras organizaciones como UGT, CCOO, CGT, CNT, Acción Social de Solidaridad Obrera y Co.Bas.
La convocatoria se enmarca en un momento en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre después de que el Pleno del Congreso rechazara los dos reales decretos-ley que el Ejecutivo había presentado en materia de vivienda. No obstante, el Ejecutivo volvió a aprobarlos la semana pasada con la previsión de que la Diputación Permanente apruebe el primero de ellos.
«La huelga general del 11N es la respuesta a la insaciable avaricia inmobiliaria que especula con uno de los principales derechos de ciudadanía, haciendo prácticamente imposible el acceso a la mayoría a una vivienda digna», reza un comunicado conjunto emitido por CCOO y UGT.
El anuncio de la convocatoria de huelga general se dio minutos después de que se conociera la noticia de la muerte de Maricarmen Abascal, la vecina madrileña desahuciada el 23 de septiembre de la vivienda de alquiler en la que había residido durante más de 70 años.
Fue su desahucio el que levantó protestas y acampadas por toda España. La anciana estaba ingresada en el hospital Gregorio Marañón desde el pasado 23 de septiembre.