Según informó la organización representativa de las pequeñas y medianas empresas de transporte en un comunicado, la entidad tramitará estas denuncias ante los servicios de inspección de transporte por carretera y garantizará el anonimato de los profesionales para evitar cualquier tipo de represalia comercial.
Los datos oficiales del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana confirman un encarecimiento del gasóleo desde principios de enero hasta el pasado 1 de octubre del 44,6% para los vehículos pesados y del 38,4% para los de menor tonelaje.
La federación recuerda que la aplicación de la cláusula de revisión del precio del transporte en función de la variación del gasóleo en cada factura es un imperativo legal para garantizar la sostenibilidad del sector, en cumplimiento del artículo 38 de la Ley 15/2009.
En este sentido, Fenadismer solicitará a la Inspección de Transporte que compruebe las condiciones económicas pactadas y la facturación previa a la entrada en vigor del Real Decreto Ley 9/2026, aprobado el pasado mes de abril, que estableció la obligación de dicha fórmula.
El objetivo de este control es detectar y sancionar a las empresas cargadoras que hayan bajado artificialmente los precios que abonan a los transportistas para aplicar posteriormente la revisión y mantener el mismo precio neto, lo que constituye un fraude de ley.
La organización anima a todos los transportistas y profesionales autónomos que sufran algún abuso o incumplimiento por parte de sus clientes, ya sea un intermediario o el cargador principal, a ponerlo en conocimiento de la entidad de manera inmediata.