El informe revela que la principal consecuencia de estas medidas ha sido la retirada de viviendas del mercado del alquiler residencial habitual, señalada por el 78,1% de las inmobiliarias, con una media de 3,78 inmuebles por agencia.
Asimismo, el 72,4% de las oficinas registra la paralización o freno en las firmas de alquiler (con una media de 2,75 contratos congelados), el 56,6% constata el trasvase de propiedades hacia la compraventa (2,26 inmuebles de media) y el 38,9% detecta el desvío de ofertas hacia el alquiler de temporada o por habitaciones (1,76 de media). Sólo un 11,1% de las agencias asegura mantener su actividad sin cambios.
En términos absolutos, los primeros datos recabados por FAI en los últimos diez días contabilizan un impacto directo sobre 5.758 operaciones. En concreto, se han registrado 2.067 viviendas retiradas del mercado de alquiler habitual, 1.224 trasvasadas a la compraventa y 944 desviadas a otras modalidades de arrendamiento -lo que suma 4.235 inmuebles retirados o desviados del arrendamiento residencial-, a los que se añaden 1.523 firmas bloqueadas.
Ante este escenario de temor entre los pequeños propietarios, la federación proyecta que en las próximas semanas la caída en el volumen de operaciones de alquiler podría situarse entre el 25% y el 30%, debido tanto al freno de las firmas como a la retirada y desvío de inmuebles a otros usos.
El presidente de FAI, José María Alfaro, ha manifestado comprender y compartir el malestar social y el clamor popular ante las dificultades de acceso a la vivienda, el sobreesfuerzo económico de los inquilinos y el drama de los desahucios, si bien ha alertado de que los recientes cambios normativos están teniendo «graves consecuencias».
Por una parte, advierte de que la caída o retraso en las firmas pone en riesgo el futuro de numerosas familias que se han quedado sin alternativa de arrendamiento.
Por otra parte, señala que las medidas no han tenido en cuenta a los pequeños propietarios al no concretar ni garantizar de forma completa la protección frente a impagos, la cual queda supeditada a un «laberinto de trámites burocráticos y de competencias entre administraciones».
Alfaro considera «arriesgado» el uso de la Diputación Permanente para ofrecer soluciones parciales en una materia «tan delicada y compleja», al estimar que supone incrementar la presión y legislar de forma precipitada en un mercado al límite.
Ante esta situación, el presidente de FAI ha reiterado la necesidad de articular un «Plan Marshall de Emergencia» de acceso a la vivienda con criterios de urgencia y excepcionalidad, basado en un pacto de Estado entre fuerzas parlamentarias, gobiernos autonómicos, colectivos sociales y expertos del sector.