Incendios, inundaciones, terremotos o fenómenos meteorológicos extremos ya no pueden analizarse únicamente desde la óptica de la emergencia o la protección civil. Cada episodio deja tras de sí una factura económica creciente: empresas que interrumpen su actividad, explotaciones agrícolas dañadas, infraestructuras que deben reconstruirse, pérdidas turísticas, indemnizaciones, aumento del gasto público y territorios que tardan meses o años en recuperar su normalidad.
La pregunta, por tanto, no debería ser solo cuánto cuesta reparar un desastre, sino otra mucho más incómoda: ¿cuánto nos cuesta no estar suficientemente preparados para afrontarlos?
La Agencia Europea de Medio Ambiente estima que los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos provocaron en la Unión Europea alrededor de 822.000 millones de euros en pérdidas económicas entre 1980 y 2024. Una cuarta parte de esa cantidad se concentró únicamente entre 2021 y 2024. Y España figura, además, entre los países europeos con mayores pérdidas acumuladas.
La dimensión económica del riesgo es ya incuestionable. Porque prevenir no significa únicamente disponer de más medios materiales, mejorar infraestructuras o reforzar los sistemas de extinción. Existe otro elemento que suele recibir menos atención y que resulta decisivo: preparar a la población para comprender el riesgo y saber cómo actuar.
Una alerta que no se entiende pierde eficacia. Una evacuación comunicada tarde o de forma confusa multiplica la incertidumbre. Un ciudadano que desconoce si debe confinarse, evacuar, alejarse de una zona de peligro o permanecer informado tiene menos capacidad para reaccionar correctamente.
Por eso la comunicación del riesgo no debería considerarse un complemento de la gestión de emergencias. Es parte de la infraestructura preventiva de un país.
España ha avanzado con herramientas como ES-Alert y con sistemas capaces de advertir a la población de forma inmediata. Pero la tecnología, por sí sola, no crea una sociedad preparada. Antes de que llegue una emergencia es necesario explicar qué significan las alertas, qué riesgos existen y qué comportamientos permiten reducir la vulnerabilidad.
Europa afronta además una importante brecha de protección. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, menos del 20% de las pérdidas económicas provocadas por fenómenos meteorológicos y climáticos extremos entre 1980 y 2024 estaban cubiertas por seguros privados.
Pero a esta brecha económica se le une otra menos visible: la brecha de preparación. Una población preparada reacciona antes. Una empresa que conoce los riesgos de su territorio puede establecer planes de continuidad. Una administración que comunica de forma clara reduce incertidumbre y facilita decisiones. Y una sociedad que incorpora la prevención a su cultura colectiva disminuye su exposición económica.
La comunicación no apaga un incendio ni reconstruye una carretera. Pero puede lograr que una evacuación se produzca antes, que una alerta sea comprendida y que ciudadanos y empresas adopten decisiones más rápidas y adecuadas. Y quizás haya llegado el momento de incorporar una nueva variable a nuestros cálculos sobre los desastres: cuánto vale una sociedad preparada.
Invertir en infraestructuras resistentes es prevención. Mejorar los sistemas de alerta es prevención. Gestionar correctamente el territorio es prevención. Pero también lo es construir una cultura del riesgo. Porque prevenir no es solo anticiparse a una emergencia. Significa también proteger vidas, empresas, territorios y recursos públicos. Es, en definitiva, una inversión en resiliencia económica.
Y el verdadero coste de un desastre no empieza cuando ocurre. Empieza mucho antes, cuando conocemos el riesgo y decidimos cuánto estamos dispuestos a hacer para reducirlo.
Mª Luisa Sánchez Calero | Profesora titular en la facultad de Ciencias de la Información de la UCM y miembro del Observatorio de Comunicación en Emergencias
