En declaraciones a la cadena SER recogidas por Europa Press, el ministro ha explicado que cuando llegaron al Gobierno en 2018 la vivienda «no era el primer problema que estaba encima de la mesa», ya que hubo que afrontar emergencias como la pandemia del Covid, que centraron la atención del Ejecutivo.
«No se fue lo suficientemente previsor y hoy llegamos a la situación en la que estamos, quizá porque en esa legislatura el foco, la atención del Gobierno no estuvo ahí», ha señalado Puente, añadiendo que la problemática de la vivienda se ha puesto de manifiesto «con toda crudeza» en este segundo mandato y especialmente en los últimos dos o tres años.
El titular de Transportes ha argumentado que, ante esta situación, el Gobierno se encuentra sin las herramientas regulatorias adecuadas para atajar el problema, sobre todo «si el Parlamento no está por la labor» y las comunidades autónomas del PP se niegan a aplicar la Ley de Vivienda, lo que ha motivado la convocatoria de elecciones generales para que los ciudadanos elijan entre dos modelos: «si quieren un modelo donde la vivienda sea de verdad un derecho o si queremos seguir en la línea de que la vivienda sea un bien de especulación o un bien al servicio del enrequecimiento».
Según ha expuesto Puente, el problema de la vivienda debe abordarse desde dos vertientes: la creación de un parque público -en la que el Ejecutivo trabaja con medidas como la sociedad Casa 47 o la promoción en suelos de Defensa- y la regulación del mercado para topar o bajar precios. Sin embargo, en este segundo ámbito ha calificado la capacidad del Gobierno de «muy escasa».
El ministro ha atribuido esta limitación a la negativa de las comunidades autónomas y ayuntamientos del PP a aplicar la Ley de Vivienda, así como al rechazo del Parlamento a convalidar los decretos urgentes impulsados por el Ejecutivo.
«Contra el Parlamento, contra las comunidades autónomas del Partido Popular y los ayuntamientos, en materia regulatoria se puede hacer poco o nada», ha aseverado, sosteniendo que lo «democráticamente razonable» cuando las Cortes rechazan las soluciones del Gobierno es dar la voz a la ciudadanía en las urnas.
Durante la entrevista, el ministro ha definido el caso de Maricarmen, la mujer desahuciada de su piso de alquiler de Madrid y fallecida hace dos días, como un «revulsivo» y una «espoleta» que obliga a intensificar los mecanismos de actuación.
A este respecto, ha afirmado que en España no se está garantizando actualmente el derecho a una vivienda digna y ha considerado «intolerable» que se supediten los derechos básicos a la especulación o al enriquecimiento de unos pocos.
«La obligación de los poderes públicos es establecer un marco que permita que la vivienda no sea un elemento especulativo o no lo sea, desde luego, como primera opción, sino que, sobre todo, se facilite el acceso a ese derecho y el que quiera ser rico, que se dedique a otras cosas, o que, desde luego, sea un poco menos rico con la vivienda. De eso se trata, y podemos darle todas las vueltas que queramos. Hay que regular muchas cosas, hay que introducir un paquete importante de vivienda pública, que en este momento España no tiene, y eso llevará tiempo. Vamos a facilitar que la gente no sea pobre, por encima de que se haga rica», ha subrayado.
LA PROPUESTA DEL PP DE CONSTRUIR UN MILLÓN DE VIVIENDAS, UN «DISPARATE»
Asimismo, Puente ha tachado de «disparate» la propuesta del PP de construir un millón de viviendas en cuatro años, recordando que entre 2000 y 2008 se edificaron 4,5 millones de pisos y el precio «más que se duplicó». «Fue el peor periodo en materia de incremento de precios», ha recalcado.
En este sentido, ha advertido de la falta de mano de obra en la construcción y ha cuestionado cómo planea la oposición ejecutar esa medida si de forma paralela propone «expulsar a inmigrantes», sector que concentra a una mayoría de trabajadores extranjeros.
«Es un disparate constante. Construir un millón de viviendas, que además no tenemos masa crítica para ello, no conduciría a nada. Si las viviendas se construyen, pero acaban en unas pocas manos, seguiremos en la misma situación. Por lo tanto, el problema no es construir. Hay que construir vivienda pública, sobre todo, que no pierda esa condición de pública, meterla en el mercado a precio razonable, a precio accesible para la gente, e intervenir el mercado en materia regulatoria. Esas son las soluciones», ha concluido.